Sobornos: Correa trata de tumbar el caso y pierde

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Sobornos: Correa trata de tumbar el caso y pierde

Hoy viernes continúa la presentación de pruebas de los abogados de la defensa. El turno de Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa

CASO SOBORNOS  (31301844)
Los jueces Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez integran el tribunal que juzga el caso.KARINA DEFAS / EXPRESO

Accidentada jornada en la audiencia del Caso Sobornos. Un desesperado intento de la defensa de Rafael Correa por tumbar la prueba fundamental del proceso, los denominados Archivos Verdes (y, con ellos, el proceso en sí), puso en vilo al Tribunal y a las partes. El abogado Fausto Jarrín quiso introducir una supuesta nueva prueba que, según él, demostraría que esos archivos fueron obtenidos por medios ilícitos: que venían no de la computadora de la asesora presidencial Laura Terán, como asegura la Fiscalía, sino de la Senain; y que son producto del hackeo. En las redes sociales, el expresidente y principal acusado en este juicio, lo daba por hecho. Cantaban victoria sus trolls y cuentas afines. Pidieron la palabra los abogados defensores de los demás implicados para apoyar el pedido de Jarrín. Se opusieron la Fiscalía y la Procuraduría. Se retiraron a deliberar los jueces. La tensión se podía cortar con un cuchillo en el aire de la sala de audiencias. Al cabo de 35 minutos, el Tribunal presidido por Iván León regresó a la sala de audiencias y anunció su decisión: desechar el pedido de Jarrín por improcedente y dejar las cosas como estaban.

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Fue la segunda solicitud de inclusión de nuevas pruebas presentada por Jarrín que los jueces desestimaron en tiempo récord. Minutos antes, el abogado de Correa había querido que el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre Arroz Verde se admitiera como parte del proceso. En realidad, no trajo consigo el informe: pidió que los jueces lo solicitaran. Emitido con fecha posterior a la calificación de pruebas y firmado por Diana Atamaint y sus consejeros de mayoría, el documento que recoge la investigación del CNE no encuentra nada sospechoso en el manejo de los fondos de campaña del correísmo. El procurador Íñigo Salvador argumentó que dicho informe se refiere, precisamente, a los fondos legales de la campaña, mientras que el caso se centra en los ilegales. También aquí se retiraron a deliberar los jueces y volvieron a los doce minutos con su negativa: “La obligación del abogado es traer la prueba”, zanjó el juez León.

Un error procesal tras otro. Para su segundo intento, Jarrín apareció con dos cajas de documentos y un disco compacto. Por un tuit de Rafael Correa se supo que lo que contenía ese disco era una pericia practicada por la empresa colombiana Adalid, no acreditada ante el Consejo de la Judicatura ecuatoriana y, por tanto, inválida en los tribunales, según la cual los archivos verdes procedían de la Senain, la Senain de Correa y habrían sido “hackeados y adulterados”, en palabras del expresidente.

“Hemos tenidos acceso a esto a través de una fuente anónima”, admitió Jarrín. Con la ayuda de un asistente desplegó un papelote con la estructura criminal del caso y aseguró que se trataba de “una presentación de los servicios de Inteligencia”. “Este es el diagrama con el que empezó todo esto -aseguró-, una presentación que la Inteligencia del Estado le hizo al gobierno”. Y añadió: “Esto no se hace en una computadora de una persona natural, es un software para labor de Inteligencia”. Pidió que los jueces ordenaran una pericia sobre el disco compacto. Saltó la fiscal Diana Salazar: “El momento oportuno para practicar pericias ya precluyó”. Saltó el procurador Íñigo Salvador: “¿Qué pasa con la cadena de custodia? ¡Quién sabe por qué manos habrá pasado esa información!”. Reaccionó Jarrín torpemente: “Me llama la atención la beligerancia con que temen a la verdad”. Resolvieron los jueces: el abogado de Correa, dijeron, confunde lo que es una prueba con lo que es un medio de prueba. “Existe un momento procesal oportuno para plantear la exclusión de pruebas. El pedido de que se practique una pericia de este disco (que no es un prueba en sí sino un medio para probar la ilicitud de una prueba) es improcedente”. Así terminaron los sueños de Correa por echar abajo todo el proceso.

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Por lo demás, el abogado de Jorge Glas, Harrison Salcedo, en su intento por devolver al proceso a todos los testigos (unos 130) que desechó la Fiscalía (entre ellos peritos policiales y funcionarios públicos) logró postergar su presentación del caso hasta el lunes próximo. Ocurre que esos testigos y peritos han sido ya convocados sin éxito, así que Salcedo demandó la participación de la fuerza pública para llevarlos a la fuerza. Los jueces se los concedieron tras deliberar 15 minutos. “Si tengo que meterlos presos, así lo haré”, dijo con decisión el abogado”.

Hoy viernes continúa la presentación de pruebas de los abogados de la defensa. El turno de Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, quien ha de conformarse con las que tiene. Continúa María del Mar Gallegos, por Alexis Mera, el ex asesor jurídico de la Presidencia que ha seguido todas las incidencias del proceso, brazalete electrónico al tobillo, desde su casa en Guayaquil.