La seguridad esta bajo control

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La seguridad esta bajo control

Control. La Policía ha garantizado el orden en los sitios afectados.

La supuesta información del robo de dos camiones con donaciones para los damnificados del terremoto provocó la condena ciudadana. Aunque el presunto hecho divulgado por las redes sociales fue desmentido más tarde por autoridades, no deja de ser inquietante saber si existe alguna sanción para quienes se aprovechan de la desgracia de otros, en un momento de conmoción nacional.

La respuesta es sí. Si una persona comete un delito en una situación de conmoción, su pena será agravada.

El numeral 4 del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala como circunstancias agravantes de una infracción “aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, fenómeno de la naturaleza para ejecutar la infracción”.

Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio, explica otra parte del COIP.

En varios sectores afectados, la población se ha visto forzada en dejar lo poco que ha podido sacar de sus hogares, ante supuestos rumores de un tsunami. Cuando regresan, sus pertenencias ya no están, según cuentan.

Ellos creen que quienes dan la alerta son delincuentes que se aprovechan de la situación.

Las autoridades no han dado a conocer cifras sobre detenciones por saqueos o robos. Una funcionaria de la Fiscalía en Manta señala que sí han realizado audiencias por delitos flagrantes.

El viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, ratificó “la necesidad de reforzar la seguridad en los sitios afectados para que las actividades comerciales puedan restablecerse...”.

También revalidó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional garantizan la seguridad de los ciudadanos y el transporte de las donaciones que serán entregadas en las zonas afectadas, estableciendo para ello tres rutas seguras en puntos de partida desde Quito, Guayaquil y Cuenca hacia Pedernales y Portoviejo, para el transporte en convoyes que serán resguardados por la fuerza pública.