Miriam, una mujer de 51 años que perdió su trabajo en limpieza que efectuaba en el Municipio de Quito, mira frecuentemente cómo usuarios del trolebús bajan angustiados por la sustracción de sus pertenencias.

Desde hace dos meses ella se instaló con un puesto de venta informal de caramelos, chocolates, mascarillas y otros artículos junto a la parada de la Plaza de Santo Domingo.

Dice que en ese sector no ha visto robos mientras permanece todos los días hasta el mediodía con su puesto de venta. Afirma que hay presencia de policías en motocicletas.

Ellos son parte de los 70 motociclistas que ha dispuesto la Comandancia de Policía en el Distrito Metropolitano de Quito en un plan piloto que busca reducir los robos en el Centro Histórico. Los uniformados hacen operativos tipo ‘enjambre’ que incluye motos recorriendo las calles, otras que registran personas y hacen presencia policial, es una actividad disuasiva.

Miriam revela que a unas cuadras de la plaza, en la calle Imbabura, la situación es insostenible. Ha presenciado cómo delincuentes se suben a los buses por una puerta y se bajan robando por la otra, asaltan a los taxistas, a los conductores de vehículos livianos o a los acompañantes.

Esa no es una realidad que la Policía desconoce. Por eso fue intervenido el sector desde hace un mes. Hay patrullaje constante. Es que en Quito, el Centro Histórico es uno de los sectores afectados por los robos que además se registran en el sector de la Mariscal.

En Quito en el 80 % del total de robos, según indica el comandante del Distrito Alain Luna, los montos no alcanzan ni superan los 200 y 250 dólares. Se produce con armas blancas u otros objetos metálicos.

Es esa característica la que impide que, cuando la Policía los detiene, ellos recuperen de inmediato su libertad. Luna afirma que los delincuentes saben de leyes y se cuidan de no superar los montos.

Pero, en la capital el otro 20 % es un robo que se da con violencia y es de mayor cuantía. Se realiza con armas de fuego y equipos de comunicación para determinar si la vía está libre de policías. “Ese robo es el que es extremadamente violento, es organizado y migra”, indica.

El comandante aclara que no siempre obtienen muchos recursos y la afectación es a unidades financieras y los mejor organizados van a domicilios. Alerta que se puede producir en cualquier parte de la ciudad. La Policía ya ha analizado la forma de operar.

Determinaron que asaltan dos casas en el Distrito Eloy Alfaro y el siguiente es el Distrito de Los Chillos y posteriormente van al Eugenio Espejo. No tienen territorio marcado.

El oficial informa que escogen sitios en los que no hay cámaras que los pueda identificar y si es que existen las destruyen. El martes, la Policía desarticuló dos bandas dedicadas al robo de accesorios y de domicilios. En lo que va del año han sido 197 organizaciones.

Pero hay un problema. Con la misma velocidad que se desarticula una se integra otra. La pandemia y la crisis son parte de las razones. Hasta agosto 7.604 personas han sido detenidas por robo, más de 2.000 de 5.391 aprehendidos en 2020.

En el sector del Centro Histórico se aplica, desde hace un mes, un plan piloto. Hay 70 motos que intervienen en los patrullajes. Personal policial efectúa acciones de control continuas. Sustancias ilícitas y armas blancas han encontrado en mochilas de personas que circulan a pie o en vehículos.

En plazas como la de San Francisco la presencia es constante. Por eso Soledad y Daniela llegaron y notaron la presencia de los motorizados. Posaban para las fotos. Regresaron a los tres años al sito y vieron que el número de palomas disminuyó. Aseguran que ha cambiado bastante.

A un costado de la plaza, Carla Jurado, una agente metropolitana, controla el espacio público, brinda información turística y da apoyo al ciudadano. Ella ha notado en sus dos meses de recorrido que hay gran afluencia de informales. Por los sistemas de comunicación escucha que hay personas que roban celulares pero los agentes solo pueden actuar en delito flagrante. Admite que hay falta de apoyo de las autoridades porque ellos hacen su trabajo y en los otros procesos corresponde actuar a otras autoridades.

En la estrategia aplicada en el sector la intención era que se sumen todas las instituciones menciona Luna. Pero, hay un problema para obtener mejores resultados: en Quito no hay una cabeza definida en el Cabildo por la disputa entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas por el cargo en la Alcaldía.

Luna manifiesta que por más buenas intenciones que existan, la situación hace que no haya concentración en los diferentes temas. Eso ha complicado la toma de decisiones en acciones de seguridad.

Menciona que se necesita adquirir alarmas pero el tema requiere la participación de las instituciones y al momento todo está convulsionado en el Cabildo. Lo mismo ocurre con la adquisición de 120 motos para el patrullaje del centro y el trámite está paralizado ya casi seis meses. El análisis requiere reuniones de las entidades correspondientes como la Subsecretaría de seguridad municipal.

Según la Policía, esa dependencia maneja la tasa de seguridad que anualmente recauda 12 millones de dólares. Lo que la Policía recibe son 60.000 dólares que alcanzan para el pago de los servicios básicos.

La Policía también esperaba la aprobación de la ordenanza que limite el porte de armas blancas, tema que está trabado y tiene que resolverlo el Concejo Metropolitano previo un estudio y análisis jurídico. En lo que va de 2021 se han incautado 3.733 cuchillos, navajas y otros objetos metálicos.

Otro inconveniente en el centro que abonaría a la inseguridad viene por los vendedores informales que se han ubicado en las calles aledañas al casco colonial. Pero, ese y la reubicación de las trabajadoras sexuales no son netamente responsabilidad de la Policía, afirma. Es atribución del Cabildo generar ordenanzas o planes que incluyan a las personas en situación de calle, generando albergues o con ordenanzas de política pública del Municipio del Distrito.

Hasta agosto, en Quito se han registrado 86 muertes violentas. De ellas por armas blancas han fallecido 56 por violencia interpersonal registrada en espacio privado. Riñas que se producen cuando se reúnen las familias al festejo, hay consumo de alcohol y peleas. De esa cifra 45 asesinatos fueron con arma blanca. Los 30 casos restantes son por violencia criminal. En 22 de esas muertes se usó armas de fuego.

“La percepción de inseguridad sigue porque está actuando una sola institución porque para que tenga éxito debe ser macro”, concluye Luna.