Las irregularidades en los contratos asociados a la Refinería del Pacífico no eran un secreto. En 2014, por ejemplo, EXPRESO hizo público el informe de la Contraloría General sobre el perjuicio por 29,3 millones de dólares que dejaron los contratos de ingeniería básica. Esa publicación fue sancionada por la Superintendencia de Comunicación (Supercom) tras pedido del vicepresidente Jorge Glas en enlace sabatino.

Tres años después, esas irregularidades y los otros contratos de grandes obras han sido señaladas por la Fiscalía como una parte de los elementos para demostrar la presunta participación del vicepresidente, en casos de corrupción.

Al respecto, EXPRESO solicitó, el pasado viernes, una entrevista con el titular de la Supercom, Carlos Ochoa, para pedir un pronunciamiento sobre el asunto. Él pidió que las preguntas sean enviadas por correo electrónico, un mecanismo que EXPRESO no contempla para sus entrevistas.

“Lo que conocemos hoy de los casos de corrupción es porque la prensa fue la que nos anunció. Si no, no estaríamos este momento con un vicepresidente preso”, dijo a EXPRESO, la asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta.

Ella identifica una razón: “la ley mordaza, la ley de comunicación actual ha servido para tapar el periodismo investigativo”.

Con ella coincide Francisco Rocha, director de la Aedep. La ley, dijo a este Diario, sirvió para “acallar a la prensa libre para que no se sigan destapando los temas de corrupción”. Él, que ha seguido de cerca el trabajo de los medios, advierte que “todo lo analizado por la prensa se está comprobando, todas las denuncias se están comprobando”.

El caso de EXPRESO es el mejor ejemplo. Tras la publicación de octubre de 2014, el vicepresidente Jorge Glas pidió, durante un enlace ciudadano, que el caso sea llevado a la Superintendencia. Bismarck Andrade, exgerente de la Refinería, acogió esa sugerencia y pidió la rectificación de la información.

El 25 de noviembre, la Supercom sentenció a EXPRESO a disculparse con la Refinería y le impuso una multa del equivalente al 2 % de la facturación promediada de los últimos tres meses, presentada en sus declaraciones del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Ahora, los protagonistas de esta historia han tenido suertes dispares. Glas está detenido y podría enfrentar un juicio por supuesta asociación ilícita.

Andrade fue removido del cargo por la Junta Universal de Accionistas de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro “por la inobservancia de la normativa legal que rige a las compañías, así como la falta de criterio para el manejo legal, administrativo y financiero de la empresa”, según informó Petroecuador.

Cuesta, mientras tanto, promueve una reforma legal en la Asamblea cuyo objetivo final es la derogatoria de la actual Ley de Comunicación y contempla la eliminación de la Superintendencia. “La ley y la Supercom, remata Rocha, fueron creados para amedrentar, para sancionar si una investigación salía”.