Por el respeto a las FF. AA.
A la cada vez más presente crisis económica de la República no es bueno que se sume una creciente sensación de inseguridad jurídica, ya no únicamente derivada de la equívoca administración de la justicia a la que están sometidos los ecuatorianos, sino también por el abusivo ejercicio de la ley a que son dados muchos de los altos funcionarios públicos.
Así, el caso más reciente lo ejemplifican los dos acuerdos ministeriales suscritos por el saliente ministro de Defensa, al tiempo de su renuncia, proponiendo en uno de ellos un sistema unificado de reclutamiento de los oficiales y la tropa de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que claramente sería violatorio de la Constitución y las actuales leyes y reglamentos militares; y en el otro, que en todos los espacios, actualmente diferenciados, tales como casinos, comedores, baños y accesos se eliminen los tratos discriminatorios entre oficialidad y tropa, pretendiendo en nombre de la equidad acabar con normas propias de todas las instituciones que, como las Fuerzas Armadas, se fundamentan en la jerarquización de sus miembros, tal cual ocurre en las iglesias de las distintas denominaciones, en la propia burocracia pública no militar y en toda una amplia gama de colectivos, dado que sin contar con dicha organización jerarquizada no se garantizaría el resultado buscado con el establecimiento de una cadena de mando.
Si no pudiese ser atribuible a una manifestación de pequeñez de espíritu o voluntad de, por paradoja, halagar al jefe, lo actuado por el exministro de Defensa daría lugar a pensar, como sostienen algunos observadores de las acciones políticas del denominado socialismo del siglo XXI, que de lo que se trata es de continuar con la campaña de: primero debilitamiento, después desprestigio y finalmente destrucción de una institución, que puede devenir en impedimento sustantivo para el desarrollo e imposición de una dictadura totalitaria.
En cualquier caso es grave y atentatorio al interés nacional que se desarrolle una campaña de desprestigio, tal cual es posible observar, en contra de una institución que considerada o no columna vertebral de la nación, es imprescindible garantía de seguridad, factor por tanto imprescindible para seguir intentando concretar los afanes por el progreso, sin pagar por ellos con la libertad.
