Respetar la voluntad popular

Múltiple es la agenda de los problemas nacionales y es obvio que de ella se deriva una amplia gama de temas dignos de ser tratados en las columnas editoriales de los medios de comunicación ecuatorianos.

Pese a ello, resulta ineludible que hoy se dedique el presente editorial a un asunto inherente al comportamiento presidencial que está resultando determinante para la buena marcha de la República: la lentitud en la toma de decisiones o, peor todavía, el traslado de estas, incluso las que son de su exclusiva competencia, a terceros que luego las ejecutan según su particular manera de interpretarlas, aunque estas vayan en contravía del teórico pronunciamiento presidencial.

Al respecto, la ambigua y contradictoria posición del Ecuador respecto de la situación que atraviesa Venezuela es paradigmática, para solo citar un caso.

Ahora el país ha recibido con profundo desagrado que, luego de haber expresado su voluntad en las urnas respecto a cómo proceder, el presidente quiera trasladar al Consejo Nacional Electoral, reiterando un procedimiento que ha sido repudiado por la opinión nacional, la capacidad de preseleccionar a los ciudadanos que van a someterse a la decisión del soberano respecto a la integración del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Da la impresión de que se desea mantener un mecanismo que garantice la afinidad con el Gobierno de los miembros de una institución que tiene, entre otros importantes mandatos, el de seleccionar a las autoridades de control.

Es de esperar que la Comisión Ocasional designada por la Asamblea para llevar adelante los procesos necesarios para viabilizar lo aprobado en la reciente consulta popular, asuma las modificaciones requeridas al proyecto enviado por el Ejecutivo.

Por lo pronto, terminó la expectativa que el Ecuador mantenía sobre las ternas que debía enviar el presidente de la República a la Asamblea Nacional para que se designe a quienes integrarán el CPCCS transitorio.

Asumiendo la, con seguridad, intachable condición ciudadana de todos los compatriotas que las integran, se espera que dichas ternas respondan a la imprescindible independencia de criterio en el ejercicio de sus funciones que el país reclama, cuando observa estupefacto los comportamientos de algunos de los designados por el Consejo cesado.