con la asunción de un nuevo presidente y un nuevo Congreso en Estados Unidos en apenas seis meses, llegó la hora de repensar los programas del Gobierno destinados a ayudar a los pobres. La temporada electoral actual ha reflejado una preocupación generalizada por la cuestión de la desigualdad. El foco correcto para lidiar con este problema es reducir la pobreza, no penalizar el éxito merecido. El Gobierno de EE. UU. hoy invierte más de USD 600.000 millones al año en programas para ayudar a los pobres. Eso representa aproximadamente el 4 % del PIB total. Para poner ese 4 % del PIB en perspectiva, el ingreso total del Gobierno federal generado por el impuesto a la renta personal es inferior al 9 % del PIB, lo que implica que casi la mitad se gasta en esos programas sujetos a condiciones de recursos. El gasto en esos programas también excede el gasto en defensa (3,3 % del PIB) y el 3,3 % del PIB que se invierte en todos los demás programas discrecionales no vinculados a la defensa. Sin embargo, a pesar de esta gran inversión, se estima oficialmente que el porcentaje de la población que vive en la pobreza es del 15 %, más o menos igual que hace 50 años. No obstante, los expertos coinciden en que la medición de pobreza del Gobierno no refleja correctamente el progreso que se ha hecho, ya que las estadísticas oficiales se centran solamente en el ingreso en efectivo e ignoran casi todas las transferencias gubernamentales. Muchos de los que son pobres, o que serían pobres si no recibieran ayuda, también se ven favorecidos por los beneficios de Seguridad Social para jubilados y sobrevivientes, y por Medicare para discapacitados y mayores de 65 años. Como la elegibilidad para los beneficios bajo estos programas no depende del ingreso o la riqueza, los montos que se gastan en dichos programas no están incluidos en los desembolsos destinados a los pobres. La estrategia existente para ayudarlos necesita una reforma. La elegibilidad para recibir los beneficios del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) se limita a hogares con ingresos por debajo del 130 % del nivel de pobreza, aproximadamente USD 1.700 por mes para una familia de tres integrantes. Como la decisión de un segundo adulto de trabajar podría eliminar la elegibilidad, el programa desalienta el empleo y reduce los ingresos ganados. ¿Cómo deberían reformularse los programas para los pobres a fin de aumentar la participación y evitar los efectos adversos en los incentivos laborales? La mejor manera de ayudar a los pobres es el plan del impuesto negativo a la renta propuesto tanto por Milton Friedman (el economista conservador de la Universidad de Chicago) como por James Tobin (el economista liberal de la Universidad de Yale). Todos los hogares por debajo de 65 años recibirían una cantidad de dinero que los mantendría fuera de la pobreza si no tuvieran ningún otro ingreso; pero la cantidad de la transferencia bajaría gradualmente en tanto fuera aumentando el ingreso del hogar. Sobre un determinado umbral, el hogar pagaría un impuesto a la renta como lo hace hoy; por debajo de ese nivel, el “impuesto” sería negativo. Este impuesto negativo puede ser la mejor manera posible de lograr simplicidad, inclusión y un costo moderado para los contribuyentes.

Project Syndicate