El rechazo al seguro de desempleo es unanime
Desempleo. Las organizaciones sindicales, sociales e indígenas se oponen al seguro de desempleo propuesto por el Ejecutivo.
Así lo dijeron ayer en la convención unitaria nacional, en Quito. A ella asistieron más de 300 delegados de todo el país: FUT, Cedocut, Ceols, CETE, UNE, trabajadores municipales, FESE, Federación de Barrios, Seguro Campesino, Frente Popular, Confederación de Comerciantes Ecuatorianos, Federación de Médicos, jubilados, entre otros.
Los dirigentes de los trabajadores y de los otros sectores sociales ocuparon la mesa principal y dirigieron la sesión. También estuvieron allí los miembros de la Comisión Anticorrupción para presentar un informe de la labor que han realizado.
La prioridad, explicaron, es preservar el trabajo y evitar el desempleo, que crece en forma acelerada. “Estamos contra la flexibilización laboral, eso precariza el trabajo”, dijo a EXPRESO Paulina Klivianes, dirigente del Frente Popular.
Según la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Roxana Palacios, en el magisterio han sido despedidos 40 mil profesores desde 2012. “Tenemos que dar una respuesta a este problema y a la conflictividad laboral por los despidos. Lo haremos con huelgas o demandas”, explicó.
Lo mismo señaló el presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Mesías Tatamuez. “No necesitamos ningún seguro de desempleo, sino un trabajo seguro para todos”, subrayó.
Las organizaciones, que llevaron demandas particulares pero están unidas en la resistencia, anunciaron una movilización nacional para marzo. Invitaron a otros sectores de centroizquierda a sumarse. “Los campesinos anunciamos la gran marcha nacional para el 14 de marzo”, dijo el presidente del Seguro Social Campesino, César Buelva.
También preparan un plan de gobierno para enfrentar la crisis, al correísmo, a la derecha, y participar en las elecciones de 2017.
Los lineamientos básicos de ese plan son: el respeto a libertad de expresión, derogar leyes, convocar a una consulta popular para anular las enmiendas y llamar a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Política. “La Asamblea debe rendir cuentas a la ciudadanía por aprobar leyes contra la ciudadanía”, subrayó a este Diario la dirigente de Mujeres por el Cambio, Cristina Cachaguay.
