Radares: Los contratos que dio la CTE a consorcios suman nuevo pedido de auditoría
Tras las publicaciones de contratos relacionados con fotomultas, este 10 de junio, la CTE recibió un pedido de información
Además de la atención ciudadana que han generado los contratos que entregó la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en el 2023, para que dos consorcios (Ecutransit y Seviecu) gestionen hasta 480 puntos de control con radares de velocidad, políticos buscan respuestas a temas puntuales.
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La mañana de este 10 de junio, el exasambleísta Galo Lara presentó una petición de información en la matriz de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en el centro de Guayaquil. En un escrito que fue recibido a las 12:50 de este lunes se detallan varios requerimientos.
- 1) Información laboral del señor Carlos Eloy Balarezo Cedillo; dicha información deberá constar su año de ingreso a la institución, cargos ocupados y año de salida de la institución.
- 2) Conferir a mi costa, copia certificada del contrato de delegación de gestiones de fecha 19 de julio de 2023, suscrito entre la Comisión de Tránsito del Ecuador, por medio de su Director Ejecutvio Arq. Ernesto Polit Ycaza y la Empresa ServiEcu (Seviecu. Esta es una precisión de la redacción) debidamente representada por el señor Luis Iván Hidalgo Cruz.
- 3) Conferir las copias de los certificados de homologación de los radares que se encuentran operando en el Ecuador y sus respectivos certificados técnicos de uso, ubicación y prevención.
"El afán de los radares-vacunas es recaudatorio y no preventivo (...). Pedimos que suspendan los permisos de homologación (de dispositivos de medición de velocidad). Que sean auditados los estudios de factibilidad otorgados con los que instalaron los radares", dijo Lara a EXPRESO.
La contratación por delegación para que se gestionen los radares en doce provincias
En la administración de Ernesto Pólit como director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se contrató a dos consorcios para que gestionen los radares de velocidad en hasta 480 puntos a nivel nacional, por doce años, según los documentos a los que tuvo acceso Diario EXPRESO.
Los consorcios tienen la participación del 45 % del valor de cada multa registrada por las cámaras sancionadoras, por los primeros tres años; y el 35 %, por el resto de tiempo, de acuerdo con los registros.
El negocio millonario que engloban los dos contratos para gestionar radares de velocidad
En resumen es negocio millonario, como lo han calificado varias fuentes. Pese a aquello, no generó el interés de más participantes, solo de Ecutransit y Seviecu. Así lo detalló este Diario en la publicación "Radares: Este es el hilo de empresas y personas detrás de contratos de la CTE": En la etapa de apertura de sobres solo hubo una oferta para los puntos de control del territorio A y una oferta para gestionar los dispositivos en el territorio B, correspondientes a unas doce provincias en total.
Las observaciones de un informe que levantan sospechas y alarmas de contrataciones de CTE
En un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al que accedió EXPRESO, se citan "vicios legales y procedimentales".
En uno de los apartados se observa que “no se encuentra una razón técnica o jurídica que avale la decisión de emplear la contratación por delegación dentro del procedimiento (..,). Mucho menos se argumenta la excepcionalidad”.
Otro señalamiento recae en que “la CTE, de forma previa a iniciar el concurso público, debía informar a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas sobre las trabas existentes, mismas que son expuestas en el informe de necesidad y su alcance”. En el documento se cita el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 545, de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito por el entonces presidente Guillermo Lasso, que señala ese requisito.
En el informe también se subraya otro ítem que contravendría otra norma, ya que en los dos contratos se establecen directrices para que las asociaciones asuman la prestación del servicio de representación legal, con el que se haría frente a los casos de impugnaciones de las multas, para salvar los intereses de las entidades privadas y de la CTE.
“Como se puede anotar con claridad, la procuración judicial que la CTE pretendería dar al consorcio Ecutransit carecería de validez jurídica y dejaría en indefensión institucional, considerando que el Cogep (Código Orgánico General de Procesos) no determina la posibilidad o excepción para que una persona ajena a la institución pública ejerza el patrocinio legal en cualquier vía”. En el informe se enfatiza que esta última observación pone el foco en un error insubsanable por parte de la CTE.
La mañana del viernes 7 de junio, el consorcio Seviecu envió un comunicado a este Diario, en el que se enumeran respuestas a los señalamientos oficiales que se dieron tras la revelación del informe de Fiscalización, que se las presenta con la frase: "El consorcio Seviecu aclara".
En el punto 2 del documento que se compartió por la vía de correo electrónico, en cambio, Seviecu señala que "el proceso ameritaba una delegación de gestión".
"Se menciona un supuesto requisito de aprobación de la secretaria de alianzas público–privadas. Falso, el proceso es de delegación de gestión por contrato con base en el COA en los art 74 y 76, por lo que no está sujeto a un régimen de excepcionalidad. En consecuencia, este tipo de procesos no son Alianzas Público - Privadas, pues no son servicios públicos, lo que se delega es una gestión de un registro y procesamiento de infracciones de tránsito, con inversión 100 % privada", agrega, por ejemplo.
Por la tarde del mismo viernes 7 de junio, Seviecu volvió a enviar un comunicado -sin que se atienda el pedido de entrevista que le realizó EXPRESO la semana pasada-.
En ese documento recibido por correo electrónico, el consorcio, integrado por Semoecsa S. A. S., Greatinvestments Greatinvestsa S. A., Telconet S. A. (de la familia del excandidato a la presidencia Jan Topic), Pronavial S. A. S. y Mantenimiento Técnico Especializado MTECia. Ltda., se insiste en que: "El proceso que terminó con la contratación de los consorcios cumplió lo que determina el Código Orgánico Administrativo y el Manual de Procedimientos de la CTE (vigente desde el 2021). No se trata de una delegación de servicio público o sector estratégico; lo que se delega es la gestión de un registro y procesamiento de infracciones de tránsito".
En los dos procesos de selección solo hubo un oferente. EXPRESO identificó ciertas relaciones con exfuncionarios públicos, una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, entre otros detalles. Sobre esto no ha reaccionado Seviecu ni Ecutransit.
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