Prohibicion de salida del pais para vinculados en caso Singue
Los investigados tienen la medida real de retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes.
El juez Iván Saquicela dispuso la prohibición de salida del país de los cinco vinculados a las investigaciones, por supuesto peculado, en la adjudicación del campo petrolero Singue. Además deberán presentarse en su despacho todos los lunes, mientras dure el proceso, entre las 14:00 y las 17:00.
Los investigados tienen la medida real de retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes. El juez no dio paso a los pedidos de los defensores que buscaban que no se impida su salida del país, porque tienen compromisos laborales que cumplir en el exterior. Tampoco aceptó que no se retengan sus cuentas porque necesitaban dinero para pagar sus subsistencias.
Se trata de Juan Silva, Jorge Andrade, César Guerra, Gustavo Donoso y Silvana Pástor, representante de Gente Oil e hija del exministro Wilson Pástor. Para ellos la fiscal pidió la presentación periódica y la prohibición de salida del país como medidas cautelares personales; como reales solicitó la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes.
La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más, tiempo en el que los vinculados podrán presentar sus descargos.
Ellos se suman a los 10 procesados por el mismo caso, a quienes la Fiscalía investiga desde el pasado 13 de marzo. Entre ellos están el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Pástor.
Salazar señaló en la audiencia que existían elementos que hacían presumir que estarían involucradas las cinco personas. El caso inició por un informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal por supuestas anomalías en el proceso de adjudicación del campo Singue, mediante contrato de prestación de servicios.
El Consorcio DGC fue el único oferente de la licitación iniciada en 2011, en el marco de la Décima Ronda Petrolera. Según la Contraloría, la firma adjudicada no habría cumplido con los requisitos establecidos en las bases.
En el documento citado por la fiscal se estableció que en el proceso de adjudicación no se consideró que Dygoil, integrante del Consorcio con Genteoil, supuestamente no tenía experiencia.
Indicó además el informe que la tarifa de barril de petróleo se estableció en 33.50 dólares sin tomar en cuenta el 100 % de las reservas remanentes actualizadas y que el precio que debió ser aplicado era de 32,45 dólares.
La diligencia se suspendió pasado el mediodía con la intervención de los defensores de los nuevos procesados sobre las medidas cautelares.