Procesados piden distanciamiento
Sala de audiencia resultó pequeña frente a la cantidad de abogados en caso que investiga a exdirectivos del IESS. Se posterga exposición de dictamen
La bioseguridad. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que estaba prevista para exponer el resultado de la investigación que se desarrolló en contra de una supuesta red de corrupción que operaba en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se suspendió por pedido de los procesados.
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Leer másLa diligencia estaba programada para las 09:00 de este 21 de diciembre de 2020, pero quedó postergada y quizás hasta el próximo año. La Fiscalía Provincial del Guayas anunció que por pedido de los procesados no se instaló, a pesar de las advertencias que hizo la jueza que lleva el caso, de no aceptar más diferimientos. El pasado 1 de diciembre también falló su instalación.
En el caso, la Fiscalía investigó a 18 personas por el presunto delito de delincuencia organizada. Se “investiga convenios de pagos para compra de insumos en hospital del IESS”, resumió la entidad.
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Leer másLos defensores de los procesados y algunos de los investigados solicitaron que la audiencia se realice en una de las salas de la Corte Provincial del Guayas (9 de Octubre y Quito), ante la cantidad de abogados que hay en el proceso, para mantener el distanciamiento social, como parte de las medidas de bioseguridad que se han implementado por la pandemia de la COVID-19.
La investigación concluyó el pasado 6 de octubre. Se esperaba que en la audiencia, la Fiscalía sustente el dictamen abstentivo para unos procesados.
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Leer másEntre los investigados figuran el exdirector técnico del IESS, Francisco Xavier Ochoa Tarira; así como el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) del IESS, en Guayaquil, Luis Jairala Zunino.
En el caso, la Fiscalía investigó un presunto perjuicio al Estado de casi 12 millones de dólares, en 18 contratos ejecutados en el período de gestión de Jairala Zunino, quien permanece con medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Mientras que Ochoa se desempeñaba como director de área y era quien, presuntamente, realizaba los requerimientos para la compra de los insumos médicos en el HTMC.
Como elementos de convicción, se presentaron informes de las contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, y el informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018, informó en ese entonces la Fiscalía.
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Leer másEl operativo
El pasado 3 de junio, personal de la Fiscalía allanó las instalaciones del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, como parte de la operación que ejecutó a nivel nacional, por las denuncias que se presentaron de presuntos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Indagaciones
Dentro del contexto de la emergencia sanitaria se evidenciaron presuntos actos de corrupción, por la adquisición de medicinas o insumos contra la COVID-19. La Fiscalía ha abierto alrededor de 9 investigaciones por presuntas irregularidades en el HTMC. 17 exfuncionarios y proveedores han sido procesados.
Cargos
El pasado 28 de junio, la Fiscalía también formuló cargos en contra de Francisco Ochoa por presunto peculado, al igual que Jairala Zunino, quien comparte otro proceso de delincuencia organizada con los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla; además de Jacobo, Dalo y Michel, hijos del expresidente Abdalá Bucaram.
Acusación
El abogado Ricardo Ron, director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y representante legal de IESS, presentó acusación particular en ambos procesos de delincuencia organizada; aunque, en el que se vinculó a Paúl Granda, expresidente del directorio del IESS, pidió que se retire la acusación.