Con el proceso nuevamente en sus manos, la jueza Ana Lucía Cevallos, de la Unidad de Garantías Penales de Pichincha, con sede en Iñaquito, avocó conocimiento (por segunda ocasión) de la causa que se sigue en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo; y tres agentes de tránsito, por el presunto delito de delincuencia organizada, al que se sumarían otros cuatro sospechosos.

Lo hizo la tarde del pasado lunes, luego de que su colega Máximo Ortega Vintimilla le devolviera el expediente tras negarle la excusa que presentó ella, para continuar en el trámite de ese proceso. La funcionaria fundamentó su decisión al considerar que estaba impedida de seguir con esa causa, “ya que se encuentra como abogado de la persona procesada de Jacobo Bucaram Pulley el abogado José Moreno, quien siempre será mi enemigo manifiesto de por vida”; y, además en todas las causas que él y otro abogado intervienen ha presentado su excusa, manifestó en providencia.

A pesar de no estar de acuerdo con lo que considera una “errónea valoración del juez Ortega, quien además en ocasiones anteriores sí ha aceptado mi excusa y hoy sorpresivamente ya no lo hace”, Cevallos prosiguió con el trámite “deslindando responsabilidades por el tiempo transcurrido en la presente causa”, nuevamente en sus manos.

Luego de poner en orden el proceso, dio paso al pedido que hizo la fiscal Lidia Sarabia López, de la Unidad de Delincuencia Organizada, Trasnacional e Internacional 9 (Fedoti), para vincular a otros cuatro sospechosos al proceso.

La audiencia fue señalada para este jueves 12 de noviembre, de manera presencial en una de las salas del Complejo Judicial Norte de Quito.

Entre los mencionados a ser vinculados está Sheinman Oren, un ciudadano israelí que permanece detenido por un delito de enriquecimiento privado no justificado.

El extranjero fue apresado el pasado 2 de junio, junto con su coterráneo Shy Dahan, asesinado el pasado 8 de agosto en una celda del Centro de Detención Provisional de Varones (CDP) de Guayaquil. Ambos se hicieron pasar como agentes de la DEA (agencia estadounidense contra las drogas) y, en sus declaraciones indicaron que estaban vendiendo insumos médicos, entre ellos, pruebas rápidas para la COVID-19. Dahan mencionó a Jacobo Bucaram como a una de las personas a quienes había vendido medicamentos.

Implicado por falsas credenciales

La Fiscalía también pidió la vinculación de otro sospechoso a quien Oren Sheinman mencionó en las investigaciones que se siguieron en Santa Elena, por el delito de falsificación y uso doloso de documento falso. El individuo fue señalado como la persona que le entregó las credenciales con las cuales se hicieron pasar como agentes de la DEA. Supuestamente las obtuvieron en el mes de abril, en Quito, en la casa del implicado junto con unos supuestos policías.

Protección 

La Fiscalía General del Estado incluyó a Sheinman Oren dentro del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, tras las presuntas amenazas de muerte que recibió y la versión que rindió en el hospital donde fue llevado luego de ser golpeado en la misma celda del CDP, donde fue asesinado su coterráneo.

Juzgamiento

El Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena convocó para este 17 de noviembre a la audiencia de juzgamiento en contra de Sheinman Oren, acusado por un presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. Ya enfrenta una sentencia de 20 meses de prisión por uso de documento falso. 

Interpol

Tras el asesinato de Shy Dahan salió a relucir una orden internacional de captura, emitida por la Interpol, luego de que el 14 de junio de 2018 fugara de la cárcel La Joyita, en Panamá. El extranjero tenía cinco identidades y estaba por cumplir una sentencia por el delito de estafa.