El contralor del Estado (e) ha emitido un informe adicional sobre el manejo de la deuda pública. Lo hace con indicios de responsabilidad penal que involucran al expresidente Correa, y a expersoneros del Ministerio de Finanzas y Banco Central. El análisis se basa en la utilización de los Certificados de Tesorería (Cetes) como instrumentos de deuda.

Las prácticas contables y financieras aceptadas hacen distinción entre las deudas, y los pasivos de corto plazo. Es trabajo de toda tesorería (incluyendo la Tesorería de la Nación) el asegurar la existencia de fondos a diario y programar el “calce” entre ingresos y pago de obligaciones. Se da así origen a la emisión de los Cetes que permiten cubrir contingencias de rutina y que están respaldados con los ingresos que fluyen todos los días hacia las arcas del Tesoro. Es también una función de tesorería la de hacer un apto manejo de los fondos disponibles y los costos financieros, asegurando así que los resultados del manejo del flujo de caja (tanto de activos como de pasivos) sean los más favorables a la institución.

Pero estos principios de sanas finanzas no tienen nada que ver con las distorsiones evidenciadas en el informe de Contraloría. Las prácticas glosadas muestran que las autoridades gubernamentales, en su afán de tomar fondos de donde fuese el caso y hubiere lugar, usaron los Cetes como instrumentos de deuda al punto de variar la definición de fechas (que admiten un tope máximo de un año financiero) para la emisión de tales títulos. En la ausencia de un mercado de valores, los papeles le fueron “embutidos” al Banco Central, que procedió a aceptarlos a sabiendas de que el cliente carecía de la capacidad de pago, y que se estaban utilizando recursos de terceros (incluyendo dineros de los depositantes de la banca) para fondear estas operaciones. Finalmente, una violación adicional consistió en la utilización de recursos de capital para el financiamiento de gastos de consumo. A la fecha en que se dieron estas prácticas, la relación de gastos de consumo dentro del gasto total superaba el 80 %, por lo que era evidente que el grueso de los dineros era utilizado, violentando la ley, en estos propósitos.

Hay pues, suficientes razones para aceptar las conclusiones del informe de Contraloría, y ejercer los remedios que manda la ley.