Vivimos en un mundo hiperconectado y en veloz evolución, en el que los bienes, el capital y las personas tienen más movilidad que nunca antes en la historia. Aunque los países han mostrado voluntad para cooperar en el intercambio de bienes y capital, no han mostrado mucho interés en mejorar la gestión de la movilidad humana. Tras las persecuciones y desplazamientos de personas a gran escala de la II Guerra Mundial, la dirigencia internacional tomó una medida audaz al redactar la Convención de 1951 sobre los Refugiados. Por ella, los países renunciaron a una cuota de soberanía nacional (al aceptar el principio de no devolución) para promover la solidaridad global hacia los refugiados. Pero los gobernantes vieron la migración como algo temporario que admitía mecanismos ad hoc, mediante acuerdos unilaterales o bilaterales cuyo principal objetivo era cubrir necesidades concretas de los mercados laborales en las economías desarrolladas. Este modelo no es adecuado para manejar el gran aumento de la movilidad humana que se produjo con la integración económica global y regional. Lamentablemente, los gobiernos de todo el mundo están obsesionados con disuadir las migraciones y restringir el movimiento de personas, en vez de crear canales dignos y seguros. Esta obsesión repercutió muy poco en los flujos migratorios irregulares, porque se opone a las fuerzas atractivas de los mercados y a la fuerza impulsora de las aspiraciones personales. Los políticos populistas se han aprovechado de la situación, politizando las migraciones y convirtiendo a los migrantes en chivos expiatorios para problemas socioeconómicos como desempleo, sobrecarga de los sistemas de bienestar y pérdida de cohesión social. Pero todavía hay margen para la esperanza: se aprobó por unanimidad la Declaración de Nueva York, con el compromiso fundamental de instituir dos pactos globales: uno para compartir la responsabilidad en la aceptación de refugiados y el otro para garantizar migraciones seguras, ordenadas, regulares y responsables. La comunidad internacional debe asegurar ahora la promoción de esas grandes aspiraciones. Para ello, los gobiernos nacionales y las instituciones de gobernanza internacional deben implementar políticas audaces que faciliten y regularicen las migraciones; deben proteger los derechos de migrantes y refugiados, prevenir la discriminación étnica o religiosa y proveer ayuda de emergencia cuando sea necesaria; y maximizar el aporte económico de los migrantes a los países de destino y de origen, mediante la reducción de costos financieros y humanos y la integración de los recién llegados al mercado laboral. Para obtener los mejores resultados, ambos pactos globales deben implementarse en forma coordinada y como partes de un marco de gestión migratoria único. En 2017 los gobiernos comenzarán a negociar los detalles de este marco futuro, que puede incluir: una convención legalmente vinculante; una declaración política de principios de conducta; compromisos operativos con objetivos, metas e indicadores de avance, combinados con un sólido mecanismo de supervisión. Estas opciones no deben considerarse mutuamente excluyentes. Si la diplomacia funciona y los acuerdos internacionales se diseñan con esmero, es posible imaginar un resultado similar al del acuerdo climático de París de 2015.

Project Syndicate