Corte constitucional
Corte Constitucional anuló la medida al no verificarse los hechos que lo justificabanX: @CorteConstEcu

Corte anula estado de excepción de Daniel Noboa por protestas en 5 de 7 provincias

Solo Carchi e Imbabura mantienen la medida mientras se registran heridos y detenidos

La Corte Constitucional de Ecuador anuló el estado de excepción en cinco de las siete provincias del país donde el presidente Daniel Noboa había decretado esta medida frente a las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel. El alto tribunal declaró inconstitucional el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas al no verificarse los hechos que fundamenten la declaratoria.

En cambio, sí lo admitió en las regiones de Carchi, fronteriza con Colombia; e Imbabura, epicentro de las protestas, al valorar que existe una "grave conmoción interna". La Corte también declaró constitucional la limitación del derecho a la libertad de reunión y el uso de Fuerzas Armadas y Policía en Carchi e Imbabura, respetando el derecho a protesta pacífica.

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No obstante, rechazó el toque de queda que regía desde las 22:00 hora local hasta las 5:00. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción tras eliminar el subsidio al diésel, tema especialmente sensible en Ecuador.

La Conaie, la organización social más grande del país, convocó un paro nacional indefinido, seguido hasta ahora en seis de 24 provincias, para movilizar a la población contra el Gobierno. Horas después, Noboa declaró festivos nacionales el jueves y viernes de la próxima semana para fomentar el turismo interno.

Impacto de las protestas y antecedentes históricos

Las protestas se concentran en Imbabura y han dejado un fallecido, más de 80 heridos y más de 100 detenidos, 12 en prisión preventiva por "terrorismo". En 2019 y 2022, las protestas indígenas lograron que los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso revirtieran intentos de eliminar subsidios a combustibles.

El Gobierno de Noboa sostiene que el subsidio no benefició a los más pobres sino a contrabandistas y minería ilegal, por lo que no negociará su eliminación.

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