La “Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción en el Caso El Gran Padrino”, controlada por el correísmo y sus aliados, ha cumplido ya seis sesiones infructuosas. Dispone de 30 días para establecer la verdad, impartir justicia y luchar contra la corrupción si quiere honrar su nombre. Han transcurrido 12 y sus siete integrantes continúan tan perdidos como antes de empezar: no tienen un triste dato partido por la mitad; no tienen un hecho concreto que puedan jactarse de haber esclarecido; no tienen una pista por fuera de las presentadas de antemano en la denuncia del medio digital La Posta y, a esas, no las han seguido. No tienen nada. Si acaso, la enorme cantidad de información fiscal, contractual y administrativa solicitada a 18 instituciones y que terminará por enterrarles bajo una tonelada de papel ha empezado a llegar ya, pero ninguno de ellos ha dado muestras de haberse dedicado a revisarla. Toman la palabra en las sesiones para dirigir preguntas a los comparecientes, arriesgar opiniones o perpetrar hipótesis y queda al descubierto su absoluta falta de familiaridad con el ABC de la contratación pública. Necesitan un cursito básico y a eso (a desasnarles) se han dedicado sin gran éxito algunos expertos invitados. Para cuando se decidan a aterrizar sobre los hechos del caso, apenas tendrán tiempo para pergeñar un informe plagado de generalidades en el que bastarán dos palabras, que la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, ya ha empezado a pronunciar inadvertidamente, para justificarlo todo: “conmoción social”.

Seis sesiones. La séptima abortó sin explicaciones oficiales pero por razones evidentes: ninguno de los personajes a quienes la comisión ocasional había cursado invitación para comparecer ese día se dignó a presentarse. En los pasillos de la Asamblea (es un decir: en los pasillos de la Asamblea no hay nadie, todos se fueron de campaña electoral), asambleístas y asesores estallaban en carcajadas al enterarse de la lista de comparecientes: Santiago Cuesta, consejero presidencial de Lenín Moreno; Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec; Diego Sánchez, excontratista de Seguros Sucre; ¡Leonardo Cortázar, operador confeso de la trama de corrupción en las eléctricas! ¿En serio esperaban que comparecieran esas pintas?

Ya el día anterior, en la sesión número 6, cuatro de los cinco llamados a declarar dejaron plantados a los integrantes de la comisión: los representantes de EMCO, Cenel, Flopec y Petroecuador. “Por razones de agenda previamente establecidas…”, se excusaron en sendos oficios. Solamente acudió Diego Uquillas, gerente de Celec. Indignación generalizada de las huestes correístas, que asisten masivamente a las sesiones. “Se podría colegir que se pusieron de acuerdo”, pudo colegir Marcela Holguín. “No quiero pensar que fue una decisión que vino desde arriba”, quiso pensar y hasta lo dijo. Al final de la sesión, propuso la presidenta fijarles una nueva fecha para sus comparecencias. Tomó lista la secretaria para someter la propuesta a votación. No había cuórum: conectados vía Zoom, la mayoría había levantado vuelo dejando la pantalla en negro. ¿Se podría colegir que se pusieron de acuerdo?

Así es que, de seis sesiones, queda Uquillas, de Celec. ¿Qué les dio? Lo que más les gusta: un Power Point. Cifras que algunos se apresuraban a apuntar y se traspapelarán más tarde: 1.307 millones de presupuesto, 2.174 contratos por 470 millones, 53 exámenes especiales de la Contraloría con 632 recomendaciones, 409 de las cuales se han cumplido. El organigrama de arriba para abajo. Que si las hidráulicas, que si las térmicas, que si las eólicas, que si la red de transmisión. Y claro, el sistema de gestión antisoborno, el convenio con la UAFE, el código de ética y conducta, la norma ISO 37001, el departamento antisoborno con su auditor antisoborno, su oficial de cumplimiento antisoborno y su analista antisoborno porque “hay que poner el dedo en la llaga”. Pero de la llaga, lo que se dice la llaga, ni jota. ¿Hernán Luque? “Nunca me solicitó nada indebido, puedo señalar con absoluta claridad y con la frente en alto”.

Si la exposición del gerente de Celec se va por las ramas, las preguntas de los legisladores apuntan a las nubes. Marcela Holguín algo oyó de “participación privada”, inmediatamente tradujo “privatización” y montó en cólera. Sofía Espín medio se enteró de que están llevando unas centrales térmicas de Quevedo a Galápagos y aprovechó la oportunidad para dejar claro que también puede opinar sobre ese tema del que no entiende nada: “no señora asambleísta, no le vamos a dejar sin luz a Quevedo”. Diana Pesántez, cuencana reconocible al primer acorde, acusó a Uquillas de ser un “hombre centralista” y le preguntó “por qué ha desmerecido el talento humano del Azuay”. Augusto Guamán empezó a hablar y al poco tiempo estaba claro que no sabía la diferencia entre Cenel y Celec. Patricia Núñez desempolvó una publicación de Radio La Calle según la cual “usted tiene decenas de denuncias, incluso de acoso sexual”. Así se investiga el caso Gran Padrino en la comisión ocasional parlamentaria.

Finalmente, es Viviana Veloz la que practica un aterrizaje de emergencia: “¿Estaría usted dispuesto a entregarnos los... (y busca el papelito con la cifra que apuntó en algún lado) 2.174 contratos por 470 millones de dólares para la respectiva revisión de esos contratos que podrían contener irregularidades?”. “Con muchísimo gusto”, se apresura a responder Uquillas, “esta misma tarde o mañana se los paso”, y se extiende sobre la política de transparencia del gobierno de Guillermo Lasso, que personalmente ha dispuesto, dice, que se proporcione a la Asamblea todo lo que requiera. “De hecho”, añade, “esos contratos ya han sido entregados al presidente de la Comisión de Fiscalización”, y es como si un buitre negro sobrevolara la sala. Eso sí se llama poner el dedo en la llaga: Viviana Veloz ya no tiene tiempo de revisar esos contratos que Fernando Villavicencio se encuentra analizando desde hace meses, no con la Comisión de Fiscalización que preside (y que no podría hacerlo mientras exista una comisión ocasional nombrada específicamente para ocuparse del tema), sino con el Frente Parlamentario Anticorrupción del que forma parte y que no tiene ningún impedimento. Los 2.174 contratos de Celec son parte de los más de 4.000 provenientes de las empresas públicas que ese grupo de legisladores incluirá en un informe que estará listo antes que el de la comisión ocasional.

¿Qué les queda a Viviana Veloz y los suyos? No mucho. Hasta el momento, en primer lugar, los audios de La Posta. Mejor dicho: los segmentos de audios de La Posta. Mejor dicho: la parte de los segmentos de audios de La Posta que no compromete a los correístas. Porque la comisión ocasional, ya quedó demostrado, es selectiva. Ahí donde los segmentos de audios involucran a Ronny Aleaga, uno de los suyos, o muestran que el esquema de corrupción en las empresas públicas se montó durante el gobierno de Rafael Correa, no los quieren. ¿Qué más tienen hasta ahora? El testimonio del gerente de Celec, que es la nada. Y las opiniones de los expertos que comparecieron en los primeros días, que son generalidades. Algunas muy pertinentes, pero generalidades. Mejor dicho: la parte de las opiniones de los expertos que no comprometen a los correístas. Por ejemplo: el especialista en contratación pública Paúl Córdoba demostró cómo la legislación correísta (la ley de compras públicas, los procesos de contratación directa, la figura de giro específico del negocio, la eliminación del informe previo de la Contraloría, etc.) está pensada para evadir controles, obstruir la libre competencia y favorecer la corrupción. Fue una de las intervenciones más didácticas desde que se instalaron las sesiones, pero tampoco les sirve. Hechas las sumas y las restas, resulta que la “Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción en el Caso El Gran Padrino”, en su día 12, tiene menos que La Posta. Y eso es decir mucho, mejor dicho: nada.

Que pase Tandazo

Ninguno de los invitados ha sido tan bien recibido por la comisión ocasional como Augusto Tandazo, que compareció con el membrete de “experto petrolero”. Sobre los casos de corrupción que se investigan no pronunció una palabra, pues no tiene información, pero habló con elocuencia contra la globalización y el neoliberalismo, dijo que los arbitrajes internacionales son un robo a mano armada y anunció que votará por el ‘no’ en la consulta. Mireya Pazmiño estaba radiante de la felicidad.