Para ser funcionario judicial había que pagar. Esa fue otras de las revelaciones que hizo este 10 de abril de 2024, el antiguo asesor y director nacional de Asesoría Jurídica de Wilman Terán, hoy convertido en testigo protegido en el caso de obstrucción a la justicia, en el que se investiga cómo se logró la destitución del juez Walter Macías.

Sobre la gestión de cargos, el testigo dijo que cuando la Judicatura lo nombró Director Provincial de Chimborazo recibió una denuncia en donde se le informaba que por una secretaría se pedía 10.000 dólares y por una cargo de ayudante judicial se pedía 5.000 dólares.

Estos dineros eran recogidos en una “caja chica”, que era administrada por los "asesores de territorio" de Terán. Más adelante identificó a los asesores Fabricio Herrera y Santiago Cifuentes como los dueños de una empresa denominada Herrera y Cifuentes Grupo Empresarial, con la que “redondeaban” los sueldos del personal de confianza del presidente de la Judicatura.

El redondear los sueldos, según el testigo, consistía en pagar un monto adicional a los que trabajaban con Terán. Contó que a él le quisieron pagar 1.000 dólares mensuales más y le pidieron el número de cédula de un familiar para justificar el desembolso.

También el dinero se empleaba para el aparataje mediático, que la entonces directora de Comunicación, Ángela Cevallos Ortiz, creó para respaldar la imagen de Terán. “Él tenía la aspiración de ser Presidente de la República (...) yo siempre me opuse a que se usara el aparataje del consejo de la judicatura con fines políticos”.

CUARTO DE GUERRA PARA LAS REUNIONES DURNTE LA GESTIÓN DE TERÁN

Durante la gestión de Wilman Terán, el testigo señaló que hubo reuniones de coordinación en varios lugares, que eran denominados “cuartos de guerra”. Uno de estos estaba ubicado en el piso 14 del Consejo de la Judicatura y el otro en el centro comercial Multicentro.

Este último lugar, dijo el testigo, él no llegó a conocer, pues era un lugar solo para las reuniones más privadas que Terán tenía con jueces o políticos.

Mientras que en el cuarto de guerra del piso 14, hubo reuniones en donde participaban los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz, sus equipos de asesores y así como la directora de comunicación.

EN LOS CUARTOS DE GUERRA SE HACIÁN LOS REPARTOS

En esos cuartos de guerra, el testigo dijo que los vocales “aprovecharon para dividir las direcciones provinciales”. El reparto de la “nueva mayoría” consistía en que Terán tenía el control del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Santo Domingo y Manabí. Xavier Muñoz estaba a cargo de las direcciones de Guayas, el Oro y los Ríos y Maribel Muñoz recibió Chimborazo, Azuay y Pastaza.

De esta forma, dijo los vocales tenían “el control administrativo y jurisdiccional de los jueces”.

Otro reparto se daba de las direcciones nacionales. Por ejemplo contó que Muñoz estaba a cargo de la Dirección de Transparencia y Muñoz era el encargado de Tecnología de la Información y Comunicaciones, mientras que Terán tenía el control disciplinario.

Finalmente, aseguró que los puestos dentro de la Función Judicial también se entregaban a los grupos políticos que apoyaban a Terán, Muñoz y Barreno y que iban a garantizar que no se les hiciera juicios políticos en el legislativo.

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