En el segundo día de trabajo de las mesas consultivas, montadas en Portoviejo (Manabí), los representantes del sector pescador y camaronero tuvieron la oportunidad de exponer sus necesidades ante las autoridades. Reformar la actual Ley de Pesca y mejorar ciertas condiciones que faciliten su trabajo, como mayor acceso a seguridad y financiamiento, están entre los pedidos.

Las mesas se instalaron a las 09:00 de ayer en el auditorio de la Autoridad Portuaria de Manta. Los primeros en llegar fueron los representantes del sector pesquero artesanal, con el claro objetivo de pedir al Gobierno revisar la actual Ley de Pesca que, según ellos, les ha venido perjudicando durante estos últimos 8 años. César Cabeza, presidente de la Federación Nacional de Armadores de Embarcaciones Artesanales con Red de Cerco, aduce que entre las reformas que deben darse están el tema de las 8 millas, donde a los pescadores se les ha prohibido la captura de todo tipo de pesca, dejándolos con menos disponibilidad de recursos para la venta. A esto se une la necesidad de revisar el tiempo de las vedas y el ejecutar una nueva recategorización del tipo de embarcaciones que utilizan para sus faenas. “Nos han colocado también como industriales y somos artesanales, nuestra pesca es el consumo interno del día a día, en cambio el industrial es para procesos industriales, nosotros no hacemos esos procesos” indicó Cabeza.

Ana Katiuska Drouet, ministra de Acuacultura y Pesca, destacó la finalidad del diálogo, convocado por el nuevo Gobierno. Recordó que la idea es recoger las necesidades de todos estos sectores para solucionar los problemas. Ante ello, dijo, se tiene una noticia “muy buena. Justo estamos ya trabajando en una nueva Ley de Pesca, esto ante el pedido de este sector y en beneficio de todo el país”.

Drouet sostuvo que en su cartera se pule un borrador que en 15 días será socializado entre todos los sectores involucrados”.

La ministra dijo que actualmente el país exporta $ 1.400 millones en pesca y $ 2.600 millones en camarones. Un aporte económico para el país que los motiva a diseñar nuevas políticas a favor de ambos sectores productivos.

Para el sector industrial y el camaronero, dijo, se está trabajando en mejorar estrategias que les permitan alcanzar mejores niveles de productividad y un mejor acceso a mercados y a fuentes de financiamiento.

Un pedido del sector camaronero, por ejemplo, es que se ofrezca a las camaroneras, ubicadas en zonas de concesión, mayores facilidades para obtener créditos. Al estar en estas zonas, explicó José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), “no pueden llegar a constituir una garantía y por ende acceder a líneas de financiamiento”. Una situación que afecta el desarrollo de 68.000 hectáreas de producción, de las 214.000 hectáreas de camarón que existen a nivel nacional.

Camposano, quien representa al sector en estas mesas de diálogo, sostiene que otro pedido urgente, tanto del sector pesquero como el acuícola, es el que las autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior fortalezcan las capacidades de proveer seguridad a la cadena productiva. Al año, dijo, solo en el sector camaronero se reportan hasta $ 50’000.000 en pérdidas, por motivos de los robos o por los costos que tienen incurrir los productores para autoproveerse de seguridad.

Pero las solicitudes van más allá y se relacionan con la necesidad de dar mayor dinamismo a su actividad. Al igual que otros sectores productivos, los pescadores y camaroneros también abogan por reducir el número de trámites y por la revisión de impuestos como el Anticipo a la Renta o el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los insumos tecnológicos que deben importar para producir más.