Pena de muerte
En la cabeza de algunos -¿muchos?- ecuatorianos, producto de la desesperación y preocupación, ronda la idea de sugerir o exigir que los poderes públicos hagan posible la reforma constitucional que endurezca las penas que debe aplicar la justicia contra los autores de los horrendos y continuos delitos que se vienen cometiendo en el país y que diariamente llegan, como el más oscuro de los mensajes, al colectivo nacional a través de los medios de comunicación. Este endurecimiento del castigo legal que se debería introducir en el código penal sería por medio de la pena de muerte, que aún se sigue aplicando en varios países, algunos de los cuales son parte del primer mundo; y la cadena perpetua, que sepulta a los reos en esas sórdidas prisiones a las que el gran escritor ruso Fiódor Dostoievski calificara en una de sus más conocidas novelas como “El sepulcro de los vivos”.
Quienes no quieren llegar a tales extremos en la aplicación de la justicia, aunque con la misma preocupación que les produce esta sangrienta realidad que sufren y conocen al ser cotidianamente ‘habitués’ de la recepción de la crónica roja, señalan que el ejemplo de otros países nos enseña claramente que ni con el endurecimiento de las penas, aplicado por tantas décadas, se ha podido acabar con crímenes, a veces colectivos como las matanzas que se han dado, por ejemplo, en Estados Unidos, como producto de la acción demencial de una sola persona. Es decir que ni la horca, ni el paredón, ni el veneno (como la cicuta que le hicieron beber a Sócrates en Grecia), ni la silla eléctrica han solucionado este tan grave problema que sigue siendo crítico y permanente. Eso en cuanto a la pena de muerte, ya que la cadena perpetua va contra la intención del castigo por encarcelamiento, puesto que de lo que se trataría es de rehabilitar al prisionero luego de algunos años tras las rejas. Aunque también esto se pone en tela de duda, ya que a veces las cárceles terminan siendo una suerte de “universidades del delito”.
Por supuesto, no todos los crímenes han de ser atribuidos a la delincuencia común, pues hay asesinatos pasionales (violencia de género) o delitos demenciales (como el de la violación de Martha en Quito) y hasta políticos, de tipo terrorista.
