Las cifras justifican las decisiones de política económica que trata de implementar el gobierno de Lenín Moreno. Entre enero y agosto de 2020, afectado por la crisis financiera derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Estado desembolsó 1.741 millones de dólares para comprar derivados de crudo para el uso de los ciudadanos.

La cifra corresponde a la compra en el exterior de más de 32 millones de barriles de derivados como Diésel, Gas Licuado de Petróleo, Naftas, entre otros.

Según el reporte mensual de la empresa pública Petroecuador, el monto total de las importaciones representa una reducción si se compara con los primeros ocho meses de 2019. En ese periodo, el gasto fue de 2.865 millones de dólares.

Este año, por la emergencia sanitaria, se redujo el consumo de derivados de petróleo y de combustibles. En abril, mayo y junio -meses de aislamiento domiciliario y restricción de la circulación de la población- se registraron las caídas más evidentes.

El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortíz, dijo que reducir el gasto en estas importaciones sería un “alivio fiscal”. Por eso justificó el Decreto Ejecutivo 1158, emitido la noche del jueves 24 de septiembre de 2020, que permite que empresas privadas comiencen a importen derivados de crudo de uso industrial y los comercialicen en el mercado local.

El precio, según explicó el viernes 25 de septiembre, estaría determinado por la oferta y la demanda de los productos importados. El mercado, resaltó, será el que fije los costos.