Orden en el caos

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Orden en el caos

Si algo debe evitarse, poniendo la mayor atención en la manera de conducirlo, es que el proceso de lucha contra la corrupción devenga en un asunto rocambolesco. Por supuesto, una de las formas de actuar para intentar lograrlo, es proceder con la mayor transparencia y sin dejar espacios para la duda.

Como el combate a ese flagelo, que tiene, por lo demás, condiciones de universal, es un combate de interés de todos, la transparencia planteada como imprescindible debe sustentarse en la libre información de todo lo a ella concerniente.

Más allá, por tanto, de cuándo aparecen los nombres de la lista de Odebrecht o cualquier otra de las que se han conocido en las redes sociales o en los medios de comunicación colectiva, lo importante es que no surja la sensación de que se puede estar tratando de manipular las datos en razón de esta o aquella conveniencia política.

Si se insiste con fuerza en la opinión pública en que la impunidad garantizada por una determinada afiliación partidaria y una administración de justicia sesgada han sido algunas de las causas que propiciaron el incremento de la corrupción, mal se haría en permitir la sospecha de que se está organizando una anticorrupción selectiva.

Un precedente que abona a esa percepción es la reciente conformación de una comisión anticorrupción integrada mayoritariamente por personas vinculadas a la anterior y actual administraciones gubernamentales, de paso, sin otra capacidad que la de promover valores y darle seguimiento a la manera en que las autoridades de control están enfrentando su tarea, que sin duda es materia importante pero, sin capacidad para investigar las denuncias que la ciudadanía podría presentar.

Parte de las razones para la indudable suspicacia existente deriva, precisamente, del negativo antecedente de lo ocurrido con los integrantes de comisiones previas que investigaron actos de corrupción cometidos al más alto nivel, ahora enjuiciados y respecto a cuyos hallazgos solamente se negó por parte de los involucrados haber tenido conocimiento de los hechos dolosos. Tampoco abona a la confianza el que todavía, ciudadanos denunciantes de corrupción petrolera estén perseguidos. Y menos aún la tragicómica situación que vive nada menos que la Contraloría General de la Nación.

Sin duda, hay que transparentar y pronto.