La ONU y la ruta del dinero
Hace pocos días se difundió el informe de las empresas auditoras internacionales que con el apoyo del PNUD fueron seleccionadas para efectuar una auditoría a la contratación de 5 obras consideradas emblemáticas por el anterior gobierno, auditoría que con buen criterio la solicitó el ministro de Energía.
El resultado de esa auditoría es vergonzoso para quienes intervinieron en los procesos de estudios, adjudicación y contratación de las obras, al establecerse un sobreprecio cercano al 50 % de su valor, sin considerar que en la Refinería del Pacífico, además existe dinero botado en un terreno, también comprado con sobreprecio, que no tiene ningún uso. Al perjuicio detectado hay que añadir costos adicionales para volver utilizables las obras, lo que hace que el perjuicio supere los 3.000 millones de dólares, que si se los restara de la deuda pública significaría que el país debiera esa cantidad de dólares menos y no se hubiese aumentado el precio de la gasolina para amortizar créditos utilizados en pagar coimas. Este breve y parcial comentario, evidencia cómo se condena a los ecuatorianos a pagar latrocinios por deshonestos manejos de los recursos públicos.
Compete a Contraloría y Fiscalía General del Estado establecer responsables de este cuantioso atraco. Es inaceptable que esta auditoría quede como un anuncio gubernamental y haya impunidad para los autores del delito cometido. Con el apoyo de las Naciones Unidas y la cooperación internacional debe hacerse un seguimiento a la ruta del dinero robado, de lo contrario la auditoría contratada sería inútil. Igualmente hay que hacer un seguimiento sin excusas ni demoras, a otros atracos escandalosos en hidroeléctricas, preventas petroleras, carreteras carísimas, hospitales, edificios judiciales, entre otros.
El Gobierno debe demostrar voluntad política para que estos actos de corrupción no queden en el olvido. El informe al que me refiero demuestra los miles de millones de dólares con que se habría perjudicado al país, sumergido en una grave crisis fiscal y económica, por una dolosa administración del erario nacional.
