La OEA versus Venezuela
El colapso venezolano es negado solamente por quienes, por razones políticas, no admiten la realidad. Hemos advertido de manera consistente que el manejo económico y político de Venezuela, llevado al extremo de la incompetencia, tozudez y abuso, es la causa fundamental de que el trillón y medio de dólares percibidos por ingresos petroleros se hayan disipado y hoy el país esté en la verdadera ruina.
El secretario general de la OEA tomó el liderazgo que le competía al invocar la Carta Democrática como protocolo de conducta al que los países miembros se han adherido, reclamando que el referendo de revocatoria del mandato del presidente Maduro se lleve a cabo sin más dilaciones, para que el pueblo venezolano escoja si quiere seguir bajo la tutela del chavismo, o cambiar su rumbo.
Los países miembros han dejado saber su voz en forma clara y precisa: se debe actuar dentro de los preceptos constitucionales, sin más dilaciones. El Gobierno se opone por cuanto sabe que la opinión pública es totalmente contraria a continuar por los mismos derroteros.
Venezuela enfrenta una inflación que el próximo año llegará a 2.000 % y la carestía de los elementos requeridos para la atención de las necesidades de salud y alimentación. La producción está colapsada; el racionamiento de la energía determina pérdidas insondables en la productividad, con semanas laborales forzadas de dos días; y hay el serio riesgo de incumplimiento en los pagos de la deuda externa.
El equilibrio fiscal requiere que el precio del petróleo sea de $140 el barril, lo que no califica siquiera de sueño irrealizable.
Cualquier salida tiene necesariamente que pasar por el relevo de quienes han ocasionado el problema. No se trata de golpes de Estado inducidos, de conspiraciones imperiales, ni de manipulaciones del mercado petrolero. El mes pasado la producción petrolera cayó en 120.000 barriles, y ello se debe a que Pdvsa, una empresa que ha sido destruida en nombre del socialismo del siglo XXI, no cuenta con los recursos para mantener sus operaciones, o atender el pago de los servicios prestados. Es un ente que, de ser empresa privada, ya habría quebrado.
El pronunciamiento de la OEA evidencia la necesidad de poner coto a la disfuncionalidad en el ejercicio del poder, y hacerlo en nombre de la democracia.
