Un nuevo control mas rigido a las universidades privadas
Las universidades privadas no podrán hacer contratos o convenios con personas vinculadas. Tendrán un año de plazo para ajustar su funcionamiento a las nuevas normas.
Prohibir el lucro en las universidades privadas. Esa es la nueva misión del Gobierno. Así lo anunció el secretario Nacional de Educación y presidente del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez.
Él envió a la Asamblea una propuesta de nueve artículos y dos disposiciones para normar y evitar el ‘negocio’ en los centros de educación superior privados. ¿La razón? La Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior, dijo, prohíben el lucro en las universidades, “pero esto no se cumple”.
Por eso, el Gobierno quiere empezar por fortalecer el CES para fiscalizar, investigar y sancionar a los infractores.
Las universidades privadas no podrán hacer contratos o convenios con personas vinculadas. Tendrán un año de plazo para ajustar su funcionamiento a las nuevas normas.
La propuesta plantea severas sanciones para los infractores como: la inhabilitación temporal o hasta de diez años de las entidades que no cumplan, la destitución de los cargos de rectores, el descenso en la categoría, así como la pérdida de beneficios tributarios.
Otro de los cambios que quiere el oficialismo es que el CES tenga la posibilidad de bajar o prohibir el incremento de costos en esas instituciones, explicó Ramírez.
Ayer, el funcionario repitió la información que Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), presentó en la Comisión de Justicia del Legislativo la semana pasada.
En esa exposición, Orlando detalló que algunas universidades privadas, a través de sus promotores, fundadores y autoridades, “han formado empresas paralelas en paraísos fiscales” para manejar sus operaciones, dijo. También confirmó los “exorbitantes salarios de algunos rectores de esas instituciones que reciben 60.000 dólares mensuales”.
Ahora le corresponde a la Asamblea analizar la propuesta de reforma y decidir si se incluyen en el proyecto de Ley de Extinción de las Universidades Cerradas, en el Código Ingenios o en la Ley de Educación Superior.
EXPRESO pidió a varias universidades privadas un comentario sobre el anuncio del presidente del CES, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta.
Prohibir el lucro en las universidades privadas. Esa es la nueva misión del Gobierno. Así lo anunció el secretario Nacional de Educación y presidente del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez.
Él envió a la Asamblea una propuesta de nueve artículos y dos disposiciones para normar y evitar el ‘negocio’ en los centros de educación superior privados. ¿La razón? La Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior, dijo, prohíben el lucro en las universidades, “pero esto no se cumple”.
Por eso, el Gobierno quiere empezar por fortalecer el CES para fiscalizar, investigar y sancionar a los infractores.
Las universidades privadas no podrán hacer contratos o convenios con personas vinculadas. Tendrán un año de plazo para ajustar su funcionamiento a las nuevas normas.
La propuesta plantea severas sanciones para los infractores como: la inhabilitación temporal o hasta de diez años de las entidades que no cumplan, la destitución de los cargos de rectores, el descenso en la categoría, así como la pérdida de beneficios tributarios.
Otro de los cambios que quiere el oficialismo es que el CES tenga la posibilidad de bajar o prohibir el incremento de costos en esas instituciones, explicó Ramírez.
Ayer, el funcionario repitió la información que Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), presentó en la Comisión de Justicia del Legislativo la semana pasada.
En esa exposición, Orlando detalló que algunas universidades privadas, a través de sus promotores, fundadores y autoridades, “han formado empresas paralelas en paraísos fiscales” para manejar sus operaciones, dijo. También confirmó los “exorbitantes salarios de algunos rectores de esas instituciones que reciben 60.000 dólares mensuales”.
Ahora le corresponde a la Asamblea analizar la propuesta de reforma y decidir si se incluyen en el proyecto de Ley de Extinción de las Universidades Cerradas, en el Código Ingenios o en la Ley de Educación Superior.
EXPRESO pidió a varias universidades privadas un comentario sobre el anuncio del presidente del CES, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta.
