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El nuevo alcalde de Quito pide la renuncia a nueve gerentes de las empresas municipales

Santiago Guarderas asumió el cargo el pasado lunes, pasadas las 20:30, luego de que una jueza de Quito revocó las medidas otorgadas a Jorge Yunda

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Cargo. Santiago Guarderas empezó con sus primeras actividades en la Alcaldía.Henry Lapo

El mismo día de su posesión el flamante alcalde de Quito, Santiago Guarderas, pidió la renuncia a nueve gerentes generales de las empresas metropolitanas. 

Las cartas fueron dirigidas a Adrián Haro de Emseguridad, Carlos Poveda de la empresa de Transporte de Pasajeros de Quito, Carlos Salazar de Hábitat y Vivienda, Luis Medina de Agua de Quito, Maria Gabriela Dávila de Emgirs-Ep, María Fernanda Guillen de la empresa de Rastro, Nasser Narváez Paredes de Movilidad y Obras Públicas, Pablo Benalcázar de la empresa del Mercado Mayorista de Quito, Rodrigo Torres del Metro de Quito, Sandro Ruiz de Servicios Aeroportuarios y Yolanda Gaete de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo.

En la misiva Guarderas les informó que mediante resolución A001-2021 de 19 de julio de 2021, asumió la Alcaldía y que la ley señala que la dirección de las empresas públicas metropolitanas estará a cargo de un Directorio que, entre otros miembros, lo integrará un delegado del alcalde.

Recordó que los deberes y atribuciones del Directorio de una empresa pública metropolitana son nombrar al gerente general de una terna propuesta por el presidente del Directorio y sustituirlo, con el mismo procedimiento. Por esa razón requirió la renuncia inmediata a los cargos.

Este martes la Alcaldía amaneció con resguardo policial. Efectivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) custodiaban las instalaciones junto con efectivos metropolitanos. Hubo una revisión exhaustiva del escuadrón antibombas y varios accesos al Municipio amanecieron con vallas metálicas.

En medio de ese operativo de seguridad asumió el despacho Santiago Guarderas y en su primera declaración pública recordó el procedimiento de remoción del exalcalde Jorge Yunda y la ratificación de legalidad que hizo el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Además mencionó los recursos judiciales de los que se benefició el exfuncionario. 

Uno de ellos fue el de medidas cautelares que concedió el juez Civil Carlos Soto, suspendido por 90 días por el Consejo de la Judicatura mientras se investigan anomalías en la asignación directa del caso. El lunes por la noche la jueza Grimanesa Erazo revocó las medidas que, según Guarderas, "al haberse levantado ya nada impide para que se ejecute la resolución del Concejo Metropolitano". Eso, mencionó, habilita para que se de estricto cumplimiento a lo resuelto por el Cabildo. 

Anunció que se hará una hoja de ruta mínima son solo 22 meses los que le restan a su administración y no se puede pensar que en ese tiempo se solucionarán los graves y complejos problemas que tiene la capital. 

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El vicealcalde Santiago Guarderas asumió la Alcaldía de Quito

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Dijo que se enfocará en dos o tres temas luego de poner en orden la casa. Indicó que tienen la reactivación económica y en ese tema quiere trabajar con el Gobierno del presidente Guillermo Lasso. Para eso ha pedido una reunión con el vicepresidente Alfredo Borrero y la ministra de Salud Ximena Garzón a efectos de que el Municipio pueda actuar con los sectores más vulnerables como mercados, taxistas, transporte urbano que requieren de vacunas.

Habló de las ordenanzas de reactivación. Una es la del arrendamiento de los locales del centro relacionados con el turismo y una intervención inmediata en el tema de la recuperación del Centro Histórico. Además, ofreció trabajar en seguridad, en el Metro de Quito y en los problemas grandes y complejos.

El lunes, previo a que se difunda la revocatoria de medidas el exalcalde Yunda insistió que existe una sentencia constitucional que, según él, dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa y sin motivación la resolución de remoción lo que ocasiona su nulidad. Anunció que al estar en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, "el viernes se pronunciará la Corte Provincial y acataré".

A Guarderas le recordó que "el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente es un delito. Existe una acción de protección que evidenció la vulneración de mis derechos, eso está aún por resolverse en la Corte Provincial de Justicia".