Nueva comision

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Nueva comision

El Gobierno nacional ha conformado una nueva comisión internacional para que asesore a los organismos competentes encargados de indagar y procesar lo relacionado con el correcto uso de recursos públicos. El mismo gobierno, a través del Ministerio de Energía, ya contrató con el apoyo del PNUD de las Naciones Unidas, una auditoría internacional a 5 proyectos importantes contratados en el anterior gobierno, en la que se estableció que estos tenían un sobreprecio cercano al 50 % del valor de las obras contratadas.

Si bien es verdad que el informe de esa auditoría no es de obligatorio cumplimiento para organismos nacionales facultados legalmente de determinar el cometimiento de una acción u omisión culposa que cause perjuicio al erario nacional, ni tampoco sirve de sustento para imponer una sanción penal, constituye un importante aporte para que los organismos competentes en el Ecuador, Contraloría y Fiscalía General del Estado, puedan utilizarlos como sólidos elementos de juicio para sus respectivas decisiones; pero a la fecha no se sabe el destino dado a tan importante estudio técnico de auditoría.

Si al indicado estudio se suman los realizados por el Cpccs transitorio, las denuncias efectuadas por el periodismo de investigación La Fuente, las confesiones y delaciones de Odebrecht, sumadas varias denuncias ciudadanas, existen suficientes insumos para que el país conozca resultados que permitan recuperar al menos parte del dinero que enriqueció ilegítimamente a incontables funcionarios públicos, y sancionarlos con la pena e indemnización que corresponda por el delito cometido, de lo contrario todo quedará en expresiones de ocasión, que únicamente contribuyen a distraer a la opinión pública de la grave y creciente crisis política, social y económica que afecta al país, en cuya realidad tiene mucha influencia el corrupto e ineficiente uso de recursos públicos.

Es un axioma aquel de “lo que abunda no hace daño”. Ojalá la asesoría de esta nueva comisión ayude a rastrear cuentas bancarias en el país o paraísos fiscales, que contribuyan a combatir la corrupción y su aliado, la impunidad.