La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea metió de agache, en el proyecto de ley urgente aún en trámite, el bodrio de que quienes se “dediquen al asesoramiento, patrocinio legal o representación jurídica” integren el listado, del artículo 5 de la ley contra el lavado de activos, de las personas obligadas a reportar, mensualmente, operaciones propias o de terceros por diez mil dólares o más.

Con ello se pretendía no solo que los abogados reportemos si un cliente nos paga honorarios por esos montos (lo que ya se declara al SRI en partidas globales) sino que también hablemos de “las operaciones o transacciones” en sí mismas, en los términos de aquel artículo 5. El pisoteo al deber de sigilo profesional sería irrebatible.

La zoquetada fue incluida sin que siquiera en el informe respectivo, del 27 de noviembre de 2017, pueda encontrarse ni media palabra que intente justificarla. Se lo hizo de un plumazo. Y con ese texto fue aprobado el proyecto, en la Asamblea, en el segundo debate (art. 9.1).

El presidente de la República (oficio del 11 de diciembre de 2017) vetó esa parte del proyecto, sosteniendo que no se puede imponer “una obligación tendiente a violar el sigilo profesional, en una disposición de carácter legal, toda vez que se estaría ordenando la violación de derechos constitucionales” (página 20). Parecía, pues, que ahí quedaría el asuntito, no solo porque para insistir se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea, sino, más que nada, porque semejante varapalo presidencial, con argumento constitucional incluido, debía dejar pasmado al oculto autor “intelectual” del legislativo.

Pero hay gente porfiada. Según boletín de prensa de este 20 de diciembre, la Comisión de Régimen Económico aprobó un nuevo informe en que sugiere que se ratifique la “obligación de entregar información de abogados... ...a la Unidad de Análisis Financiero Económico”. Oculta el boletín qué asambleístas votaron a favor. Ya se sabrá. Pero sirva esta columna de alerta por lo que pase en el Pleno.