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Una mujer reza en el santuario de Saleh del norte de Teherán, donde se recuerda a los mártires fallecidos por la República Islámica de Irán. EFE/Jaime Leónefe

'Enemistad con Dios' el delito que lleva al patíbulo a manifestantes iraníes

Los manifestantes piden el fin de la República Islámica de Irán. Tres meses de movilizaciones, más de 400 muertos y miles de detenidos

Enemistad contra Dios”. Ese es el delito por el que han sido ahorcadas dos personas por su implicación en las protestas que sacuden la República Islámica de Irán y que hunde sus raíces en la sharía o ley del islam.

Las protestas comenzaron por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico en septiembre pasado, pero los manifestantes piden ahora el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

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Tras casi tres meses de movilizaciones, más de 400 muertos y miles de detenidos, las autoridades han comenzado a ejecutar a manifestantes para tratar de controlar unas movilizaciones protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres que piden más libertades.

Y el principal delito del que se ha acusado a los dos ejecutados a muerte hasta ahora y a otros nueve presos que están en el corredor de la muerte es ‘moharebe’, que se puede traducir como ‘enemistad contra Dios’, ‘enemistad con Dios’ o ‘guerra contra Dios’.

“El islam dice que ‘mohareb’ -la persona que comete ‘moharebe’- es aquel que viola la ley divina y celestial, que es la sharía”, explica el clérigo Yalal Mohebí, en el santuario Saleh del norte de Teherán.

El octogenario clérigo sostiene que “la ley humana puede contener errores, porque el ser humano puede cometer errores, pero Dios no” y de ahí la importancia de las “leyes de Dios”.

En un plano más terrenal, Mohebí define como ‘mohareb’ a quien “ataca a otros seres humanos, bloquea calles o plazas, organiza disturbios y crea el terror y la inseguridad entre la población” y así aparece en el artículo 279 del Código Penal Islámico del país persa.

Esos son los delitos por los que fue ejecutado el joven de 23 años Mohsen Shekari el 8 de diciembre, en la primera ejecución de una persona por participar en las protestas.

Shekari hirió con un cuchillo a un basiji -miliciano islámico-, quien necesitó 13 puntos de sutura, bloqueó una calle y creó el terror en Teherán, según informó la justicia iraní, lo que conllevó la acusación y condena por “enemistad contra Dios”.

Esa ejecución provocó una oleada de críticas internacionales, además de por las dudas del acelerado proceso judicial, por el ahorcamiento de una persona por herir a otra.

Pero ese es el castigo previsto para los ‘mohareb’ en la legislación iraní y que Mohebí defiende como ‘adecuado’.

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“El propio Dios en el Corán, que es libro de Dios y palabra de Dios, claramente ha determinado los castigos para los ‘mohareb’, explica Mohebí, que es representante en el norte de Teherán del líder supremo, Ali Jameneí.

Y enumera los castigos: “matarlos, o ahorcarlos, cortarles la mano derecha y el pie izquierdo o al revés, o el destierro”, que recoge el Código Penal iraní en su artículo 282.

Solo cuatro días más tarde de la primera ejecución fue ahorcado públicamente Majid Reza Rahnavard, también de 23 años, por el presunto asesinato de dos basijis en Mashad (noreste), tras ser condenado en un juicio de un día por ‘enemistad contra Dios’.

La ejecución pública es un procedimiento que había caído en desuso en los últimos años en Irán en un intento por mejorar la imagen del país, uno de los principales del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones -la mayoría por delitos de drogas- en 2021, según AI.

Esa ejecución volvió a provocar un aluvión de críticas y ahora se teme por la vida de otros nueve presos que han sido condenados a la pena máxima, la mayoría por ‘enemistad contra Dios” por crear el terror entre la población, dañar bienes públicos y herir o matar a agentes de seguridad.

Además, solo en Teherán 400 personas han sido condenadas a entre dos y 10 años de prisión por su participación en las protestas.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la ONU han denunciado los juicios como ‘farsas’, “injustos’ y una ‘venganza’, mientras que numerosos países occidentales han criticado las penas.