La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena este martes 10 de enero de 2023 la muerte de al menos 18 personas en las protestas antigubernamentales del 9 de enero en Juliaca (sur de Perú), que forma parte del departamento de Puno (fronterizo con Bolivia).

En su cuenta de Twitter, la comisión (CIDH) urge al Estado peruano a “tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales”.

A los 17 fallecidos civiles se suma un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien murió tras el ataque de una turba que quemó el vehículo patrulla en el que se encontraba en la región sureña de Puno, según fuentes oficiales.

El deceso fue confirmado por el jefe del comando operativo de la PNP, Jorge Luis Angulo, quien detalló en declaraciones al Canal N que el agente estaba a bordo de un vehículo cuando fue “secuestrado y posteriormente asesinado” y su cuerpo quedó “totalmente calcinado”.

Según los datos difundidos por la Fiscalía, 39 personas han muerto en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden desde el pasado 11 de diciembre, además de otros 7 civiles “por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de carreteras, lo que suman ya 46 las víctimas de estas protestas desde la caída del expresidente Pedro Castillo.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y el adelanto de elecciones generales a 2023.

El primer ministro, Alberto Otárola, denunció, en ese sentido, que hay en marcha un “ataque organizado hacia el Estado de derecho y a las instituciones” y un “golpe de Estado” del que ha responsabilizado a los manifestantes.

Otárola también dijo que el Gobierno anunciará en las próximas horas mayores medidas de seguridad en la región y que una delegación de alto nivel del Ejecutivo viajó este martes 10 de enero a Puno para buscar establecer un diálogo con los manifestantes.

El Gobierno de Puno, una región ubicada casi 1.300 kilómetros al sur de Lima, decretó ayer tres días de duelo en toda su jurisdicción por las muertes en Juliaca, que luego también se extendieron a saqueos y quema de locales públicos y privados en otras ciudades de la región, como Puno e Ilave.

Mientras tanto, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en el Peru´ (ONU Peru´) exhortaron a las autoridades y fuerzas de seguridad peruanas a “tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos”, un día después de que 18 personas murieran en las protestas del sureño departamento de Puno.

La ONU Perú lamentó “profundamente la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas sociales” y expresó su “profunda preocupación por el incremento de la violencia”.

Asimismo, hizo “un llamado a las personas y a las organizaciones sociales que vienen manifestándose a abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada”.

También consideró que se debe “llevar adelante una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos”, así como “asegurar justicia para los casos de personas muertas y heridas (incluyendo civiles, periodistas, policías y militares) desde el inicio de las movilizaciones en diversas regiones del país en diciembre de 2022”.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, quien encabeza el segundo gabinete del Gobierno de Dina Boluarte, llegó ayer al Congreso para pedir el voto de confianza del Parlamento, un proceso obligatorio que deben pasar tras el nombramiento, en medio de la escalada de violencia en el sur del país por protestas antigubernamentales.

Acompañado de varios ministros, Otárola acudió a la sede del Legislativo, en el centro histórico de Lima, para explicar las líneas generales de su gestión y cumplir con el procedimiento obligatorio en los 30 días siguientes a la juramentación.