Leonardo Augusto Mantilla Arriaga, con cédula de identidad 0902029164, ha estado empadronado y habilitado para sufragar en los procesos electorales de 2009, 2011 y 2014, siempre en la parroquia Ximena, en Guayaquil. También es uno de los 12’816.698 ciudadanos que deberán ejercer su voto en las elecciones del 19 de febrero de 2017.

Pero Mantilla no ha votado en los procesos anteriores ni podrá hacerlo en el próximo, porque murió el 16 de marzo de 2002. El lugar de votación asignado esta vez es la junta 203 de hombres.

Del desconcertante caso da fe el abogado Cristóbal Mantilla Moscoso, nieto del fallecido, quien se muestra asombrado de que aún no se haya corregido esta irregularidad que -según cuenta a EXPRESO- la denunció públicamente en 2011.

En aquella ocasión hizo notar que lo grave del caso era que una persona ilegalmente votó en lugar de su abuelo, cuando nadie debió hacerlo.

La inscripción de defunción de su ancestro consta en el Registro Civil del Guayas, sostiene Mantilla. “Este es un problema gravísimo y voy a ver qué acciones tomo, porque no puede continuar así”, agrega.

Pero este no es el único caso de fallecidos aptos para votar (ver infografía). Este Diario encontró ese tipo de inconsistencias, por un lado, tras cruzar información del padrón que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha entregado a las organizaciones políticas, con datos emitidos por la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación y el registro tributario del Servicio de Rentas Internas (SRI); y por otro, de un informe elaborado por el CNE sobre un proceso de seguimiento y auditoría del registro electoral.

En el padrón también aparece Marino Tiberio Moya Enríquez, con cédula 1700037524, quien debe votar en Quito, en el Centro Histórico, parroquia La Victoria, junta N° 20 de hombres.

Moya falleció el 28 de septiembre de 1967 y fue sepultado en el cementerio de San Diego, en Quito. Lo corrobora su hijo, Carlos Moya Carrera, y lo certifica también un documento emitido por la Sociedad Funeraria Nacional (propietaria del camposanto).

“Mi papá murió en un accidente, cuando él tenía 35 años y yo era un niño de 12, esa es la pura verdad”, dice Moya a EXPRESO. El hombre no se explica por qué su progenitor sigue empadronado.

El CNE remitió al Registro Civil las novedades encontradas en el proceso de auditoría del padrón electoral, entre estas los casos de 10 ciudadanos fallecidos de la comunidad kichwa San Lorenzo-Mushullacta, en la provincia de Sucumbíos.

De esas personas, cuatro aún continúan empadronadas y aptas para votar. Son: Rubén Sebastián Tanguila Tapuy (CI: 1500279821), Francisco Roque Mamallacta Shiguango (CI: 1500021439), Francisco Humberto Tanguila Calapucha (CI: 1500073034) y Margarita Angelita Tapuy Grefa (CI: 1500220684).

Las cédulas duplicadas también son una realidad en la filiación de ciudadanos que, por ende, tienen doble derecho al voto. EXPRESO comprobó que aún persisten casos que fueron divulgados en reportajes publicados en 2010 y 2011.

Son los casos, por ejemplo, de Julio Solarte Rodríguez y Digna Reinelda Cerón Gómez. Ellos son los padres de Olidem Romel Solarte Cerón, (a) Oliver Solarte, fallecido jefe de finanzas y logística del Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ambos son colombianos, pero cada uno posee doble cédula, según datos de un informe elaborado en 2009 por el Grupo Especial de Operaciones de Inteligencia Militar (Geoim), corroborados con documentación certificada del Registro Civil, cuyos documentos posee este Diario.

Solarte tiene los documentos 1721570982 (nacido en Colombia) y # 1718713678 (nacido en Quito), mientras que Cerón posee los números 1721570990 (nacida en Colombia) y 1718715269 (nacida en Quito).

En entrevista con EXPRESO, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, dijo que las observaciones de los auditores electorales para la depuración del padrón fueron remitidas al Registro Civil.

¿Podrían esas inconsistencias en el padrón eventualmente incidir en los resultados de las elecciones? El funcionario asegura que no, pues los errores no superarían ni el 0,1 % del registro.

Asegurar que no hay casos de fallecidos en el padrón sería equivocado, anota Pozo. “Esos son los datos que nos da el Registro Civil, pero sin duda mucho más depurados que antes”.

De su lado, las autoridades de esta última entidad dijeron a EXPRESO que los procesos de actualización, validación y depuración de su base de datos registral y de identidad se realizan de manera permanente, “no únicamente cuando se reportan hallazgos por parte de otras entidades”.

Aclara el ente que la depuración de casos de personas fallecidas que se mantienen como “administrativamente vivas”, depende del pedido de inscripción debidamente justificado y probado de la defunción, por parte de las personas obligadas a declarar y solicitar el mencionado registro”.

Según el Registro Civil, cada año se realizan aproximadamente 60.000 inscripciones de defunción, situación con la cual se actualiza de manera inmediata la condición administrativa y legal de la persona.

La diferencia entre la ocurrencia de un fallecimiento de una persona y el registro legal de ese hecho se conoce como subregistro de defunciones, precisa el organismo. “No es precisamente una inconsistencia, sino un desfase entre el hecho ocurrido y su registro administrativo”.