A las 18:00 de ayer venció el plazo para que los 23 fiscales provinciales encargados por el Consejo de la Judicatura transitorio informen si aceptan o no la designación. Entre ellos Guillermo Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno designado para la Fiscalía de la provincia de Napo.

El de Moreno fue uno de los cuatro encargos que figuran en una de las primeras resoluciones con las que se inauguró el Consejo de la Judicatura transitorio y que provocaron rechazo desde varios sectores.

Su nombre fue cuestionado por ser hermano del presidente y no constar en la lista de fiscales elegibles de categoría 3 que podían aspirar a ese cargo.

El presidente del organismo transitorio, Marcelo Merlo, justificó que el nombre de Moreno constaba en la lista de nueve funcionarios que no participaron en el concurso pero que, por su trayectoria y carrera, pertenecían a esa categoría.

Señaló además que no tiene la culpa el presidente de ser hermano ni viceversa. Ratificó que previo a las designaciones hubo un análisis minucioso.

El lunes, en declaraciones que circularon en redes sociales, Guillermo Moreno coincidió en que “ser hermano del señor presidente no es ningún pecado”. Defendió su nombramiento y dijo que desconoce las causas por las que se ponen reparos al encargo “que asumiré siempre cumpliendo con los principios de honestidad y transparencia que me transmitieron mis padres”.

Para zanjar el problema, el primer mandatario indicó que solicitó a su hermano que presente las excusas al encargo transitorio pero que, si así lo considera, participe en el concurso para nuevos fiscales.

El jefe de Estado dejó en claro que su hermano ha desempeñado sus cargos por méritos propios. Añadió que su hermano está abierto a que “si esto significa un problema para el país, daría un paso al costado”.

Además de Moreno los cuestionamientos vinieron para Fabián Salazar y Gustavo Benítez por su cercanía al expresidente Rafael Correa y por el manejo de los casos 30S.

Benítez señaló que los “fiscales defenderemos el derecho lesionado de las víctimas sea quien sea. Todos los ciudadanos anhelan vivir en un país de paz y justicia, lo cual será garantizada con la eficiencia que se brinda en el servicio público”. Extraoficialmente se conoció que Salazar no aceptaría ser fiscal de Sucumbíos.