Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de Guayaquil, es una zona casi tan poblada como Cuenca. Puede ser el lugar más pobre del país, también escenario de desalojos, de promesas incumplidas y cautiva de los intereses de los políticos.

Correa, por motivo de riesgo, declara a la zona de seguridad y prohíbe más invasiones. Según el decreto ejecutivo que declaraba zona de seguridad a los alrededores del canal, los límites de lo que se considera población consolidada quedaron establecidos para que no haya posibilidad de nuevas invasiones en Monte Sinaí, sin embargo hay viviendas que continúan asentadas en ese sector y están habitadas. El gobierno inició una persecución a los traficantes de tierras y casi treinta fueron apresados, entre ellos Balerio Estacio, quien fuera asambleísta de Alianza PAIS en Montecristi.

El exgobernador Roberto Cuero y Julio César Quiñónez dirigieron desalojos, ahora son candidatos a la Asamblea. La Secretaria de Asentamientos irregulares dice que obligarlos a dejar sus casas y/o tumbarlas no es otra cosa que reubicación. Mas los moradores no saben a dónde irán. En octubre de este año un Tribunal Internacional de Desalojo (ONU) recomendó que no desalojen en Monte Sinaí. “Nos sentimos perjudicados y reclamamos nuestros derechos porque este Gobierno no está cumpliendo, el presidente de la República dijo el 9 de octubre de 2013 que a partir de 90 días iba a legalizar Monte Sinaí y no hay una casa legalizada hasta el momento”, aseguró un habitante afectado.

Moradores de la cooperativa Thalía 2, en el sector de Monte Sinaí, expresaron su preocupación porque, según ellos, funcionarios del Miduvi les han indicado verbalmente que serán desalojados de sus casas que actualmente ocupan para ser reubicados.

“El gobierno le tira la pelota al municipio y éste al gobierno”, dicen los moradores. Sin embargo, luego de la reformatoria a la ley 88 en el 2013, en la que incluyen las coordenadas de Monte Sinaí, al gobierno no le queda otro camino que reconocer su competencia en casi el 70 % de esa zona, mientras que, por la parte que le toca, el municipio ha empezado hace dos años a notificar y a aprobar la legalización.

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