Un nuevo frente contra el Gobierno. La universidad Andina y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) están preocupadas por la reforma a su sistema de financiamiento.

Los cambios a la Ley de Educación Superior se incluyeron en la Ley de Extinción de las Universidades, que se aprobó la semana pasada, en la Asamblea.

Las autoridades universitarias creen que se vulnera la autonomía de las instituciones y lo que se busca es afectar gravemente al sistema privado. “No nos vamos a dejar amedrentar. No vamos a arrodillarnos”, dijo Jaime Breilh, rector de la Andina. Él dirigió ayer una asamblea extraordinaria en el paraninfo de la universidad, en Quito.

Las reformas aprobadas por la Asamblea fijan nuevas condiciones a las entidades de educación superior que reciben fondos del Estado. El texto está en manos del presidente Rafael Correa para su aprobación u objeción.

La reforma dice que las instituciones que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales –como la Andina o la Flacso– deberán someterse a 11 obligaciones.

Entre ellas, que las sedes en el Ecuador deberán repatriar, en 90 días, los activos que tienen en el exterior, de manera directa o indirecta, a través de subsidiarias, afiliadas o entidades relacionadas. Tampoco podrán participar en la constitución de negocios fiduciarios.

Además, deberán aplicar la escala remunerativa del personal académico y de autoridades de las universidades públicas.

En la Andina no están de acuerdo. Sus autoridades decidieron declararse en resistencia y demandar la inconstitucionalidad de la norma, cuando entre en vigencia.

Las autoridades de la Flacso son un poco más optimistas. Esperan que el presidente Correa vete la propuesta aprobada por la Asamblea, el 13 de diciembre.

En un comunicado de prensa, aseguraron que las modificaciones ponen “nuevamente en peligro la sobrevivencia de la Flacso al afectar, severamente, las fuentes de financiamiento con las que contaba la institución”.

No son las únicas que serán perjudicadas. Para el asambleísta de la alianza PSC - Movimiento Cambio, Luis Fernando Torres, la reforma legal afecta también a los presupuestos de las universidades privadas.

Él explicó a EXPRESO que la reforma condiciona a las universidades privadas, que reciben recursos para becas, a fijar sueldos, salarios y remuneraciones para su personal administrativo y académico sin considerar que estas personas están sujetas al Código de Trabajo y no a la Ley de Servicio Civil.

“Resulta que con un tema que tiene que ver con becas se aprovecha la ley para lastimar la autonomía administrativa de las universidades”, afirmó.

Posiciones

Raúl Abad (PAIS)

A favor. En ningún momento se toca la autonomía. No es posible que un rector gane 450 dólares y en la particular gane 40.000 dólares. Lo que decimos es que se fije un tope para todas las autoridades públicas, cofinanciadas y privadas. Las universidades internacionales tienen que cumplir con la ley, si no lo hacen los fondos podrían ser suspendidos o retirados.

Luis F. Torres (PSC)

En contra. La ley debió haberse concentrado, exclusivamente, en el cierre de las universidades. Sin embargo fue más allá e incorporó reformas a la Ley de Educación Superior para condicionar a las universidades privadas. Con la ley han apuntado directamente a las universidades privadas para imponerles condicionamientos. Eso afecta la autonomía administrativa.