El fin de la era de los combustibles fósiles está cerca. Las señales abundan: las fuentes renovables (ej. solar y eólica) exceden sistemáticamente las expectativas; la difusión del vehículo eléctrico supera con creces los pronósticos; y gobiernos de todo el mundo reconocen la urgencia de hacer frente al cambio climático. Pero falta una discusión seria de la cuestión central: ¿cuál es el plan para liberarnos de la dependencia del petróleo, el carbón y el gas? Es una pregunta cada vez más urgente, pues gobiernos de todo el mundo promueven planes para seguir produciendo combustibles fósiles y explorar en busca de más. Afirman que los nuevos proyectos son compatibles con sus compromisos según el acuerdo de París sobre el clima, pero incluso con solo quemar los combustibles fósiles que hay en las reservas ya conocidas, las temperaturas globales subirán más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales: mucho más que el límite establecido en ese acuerdo. Es una asombrosa muestra de disonancia cognitiva. La realidad es que limitar la producción de combustibles fósiles ya mismo es esencial para no seguir reforzando el arraigue de infraestructuras energéticas y dinámicas políticas que dificultarán y encarecerán todavía más el abandono de esos combustibles. Se plantean en esto importantes cuestiones en materia de equidad: ¿quién podrá vender el último barril de petróleo? ¿Quién pagará la transición a las fuentes renovables? ¿Quién compensará a trabajadores y comunidades afectados? Preguntas que es preciso responder en el contexto más amplio de la justicia climática. Se ha dicho que el cambio climático es el desafío moral de nuestra era. Solo este año, el mundo enfrentó una serie inédita de inundaciones, huracanes, incendios forestales y sequías en casi todos los continentes. Pero lo peor todavía no llegó. Para evitar efectos más devastadores, el abandono gradual del carbón (asesino climático número uno) no será suficiente. La seguridad climática futura demanda poner fin a la era de las grandes petroleras. En veinte años viviremos en un mundo impulsado por el sol, las olas y el viento. Además, el desarrollo de proyectos de combustibles fósiles genera cada vez más oposición popular, con la presión política y los riesgos financieros y legales que eso supone. Personas comunes y corrientes en todas partes luchan para detener proyectos incompatibles con un futuro climático seguro. Hace poco, más de 450 organizaciones de más de 70 países firmaron la Declaración de Lofoten, que pide explícitamente un abandono controlado de los combustibles fósiles, liderado por los que están en mejor situación para hacerlo, con una transición justa para los afectados y apoyo para los países que enfrentan los desafíos más importantes. Una economía libre de combustibles fósiles llegará, con nuestra intervención o sin ella. Si la creamos deliberadamente, podremos resolver cuestiones relacionadas con la equidad y los derechos humanos, garantizando que la transición sea fluida y justa, y que la nueva infraestructura energética sea ecológicamente sostenible y esté bajo control democrático. Los dirigentes políticos deben trabajar activamente para diseñar una transición justa e inteligente a un futuro libre de combustibles fósiles, en vez de hacer que alcanzarlo sea cada vez más difícil y caro.