de un tiempo acá vemos cómo ciertas autoridades electas por votación popular cometen graves irregularidades, actos de negligencia y hasta delitos, que luego tratan de manera demagógica justificar, aferrándose a sus cargos, sin que tales actos tengan una consecuencia política. Intentan así evadir la responsabilidad política que resulta del juicio de valor que los mandantes hacen de los actos públicos y privados de sus gobernantes y administradores.

Ciertas autoridades, frente a la censura social y política de la opinión pública y de los medios de comunicación, optan con mucho cinismo, hasta desfachatez y cierta prepotencia, que supongo les hace sentir el poder, por tratar de justificar y evadir la responsabilidad que por sus actos les atañe, con escusas leoninas, que dejan ver su desprecio por la opinión y por la función pública misma. No han entendido ellos, que además de la responsabilidad administrativa, penal, civil, existe otra, quizá más importante para la democracia, que es la responsabilidad política, en la cual no cabe alegar la presunción de inocencia, por los fines que se persigue que son los aspectos éticos y morales de la función pública, sin perjuicio de la inocencia que luego puedan demostrar.

Eco. Mario Vargas Ochoa