“La subasta inversa es la mas perversa”

A inicios de mes, Juan Páez, gerente general del hospital Carlos Andrade Marín, del Seguro Social de Quito, denunció que halló siete millones de dólares en medicamentos caducados desde 2012 hasta 2018.

En Guayaquil, una inspección de la Comisión Anticorrupción develó a finales de junio que dos casas de salud del IESS, el Teodoro Maldonado y el hospital de Los Ceibos, compraron medicamentos e insumos al 100 % de sobreprecio. Incluso una adquisición tuvo un sobrecosto del 1.000 %.

Vigilar las contrataciones para evitar el sobreprecio, la sobrecompra y la corrupción es ahora un reto para el sistema. No se trata de escasez, falta de proveedores u ofertas, sino de artimañas, de la trampa del portal de compras públicas que ha dado luz verde a este tipo de corruptelas. Así lo determina el exministro de Salud, Luis Sarrazín, hoy auditor médico de la Junta de Beneficencia.

“La historia ha demostrado que hay rateros en las instituciones. Procuran comprar lo que más que pueden, aunque no lo necesiten, con tal de recibir una coima. No importa que después ese medicamento se quede sin usar en una bodega y expire”, lamenta.

La tarea ahora es descubrir cómo pudieron generarse estos sobreprecios en un país que tiene regulado, con techo fijo, todos “los medicamentos estratégicos”, que son los que se usan para las enfermedades más comunes, los que más se venden.

Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), explica que aunque la Red Pública Interna de Salud, el Sercop, la Secretaría de Finanzas y otros actores se reúnen para debatir los precios de medicamentos, aún hay vicios en el proceso de selección de proveedores.

Con la modalidad de combos o parrillas, explica, en la sección de compra de ínfima cuantía del portal de compras, hay algunas que claramente son direccionadas y que, a veces, tienen un solo distribuidor. No porque no haya más competencia o mejor precio, sino por la forma en que se estructura el pedido dentro de la plataforma. Allí el truco.

Lo que pasa actualmente es que hay una corrupción alta, precisa Palacios. Cualquier entidad hace una lista, supongamos de 50 tipos de medicamentos, pero los laboratorios que tienen mejores opciones en calidad y precio que no poseen todos los productos, simplemente porque no se fabrican aquí, no pueden ser considerados como potentes vendedores.

Otra forma de comprar es a través de la subasta inversa. Palacios cree que esta no tiene una metodología adecuada. Cualquier persona podría participar y luego entregar la documentación.

Esto, añade, instó a que muchas empresas de papel o distribuidoras sin registro sanitario entren al concurso. Y si bien el Sercop debía adjudicar los contratos de acuerdo con las especificaciones que requerían las entidades, mientras esas compañías cumplían con esos requisitos incompletos, no se podía vender, lo que implicó retrasos y por ende, la no vigencia de los convenios.

“En 2012, recuerda, hubo exclusividad a la industria nacional. Eso fue bueno. Si había alguna falla, se podía remediar; en cambio, con los laboratorios extranjeros, este proceso se complica, porque Arcsa no hace inspecciones fuera”.

El mismo director del IESS, Paúl Granda, reconoció semanas atrás, al conocerse estos escándalos, que los procesos para la adquisición de medicamentos debían ser modificados.

Luis Sarrazin cree tener la respuesta desde hace 21 años. “Hoy mismo se aplica en la Junta de Beneficencia el Programa Institucional de Medicamentos Genéricos, que procura adquirir medicamentos de buena calidad y a buen precio para los hospitales que maneja la entidad”.

“La subasta inversa es la más perversa del mercado porque limita las opciones”, precisa. “Lo mejor para las instituciones es tener un abanico de ofertas y escoger lo que le conviene. La Junta hace una publicación cada tres años e invita a las personas naturales y jurídicas a participar en la convocatoria de compra pública”.

No es una compra a dedo, dice sobre el método que usa esa entidad privada. Existen bases con todas las características de lo que se quiere adquirir. “Con el método de la Junta, la posibilidad de que se compre demás es casi imposible”, asegura. Este sistema es una salida a esta problemática, y explica que así se evitarán compras ‘al ojo’ y que sobren medicamentos.

El perjuicio a los jubilados de siete millones de dólares de medicina caducada en un hospital de Quito no pudo resarcirse con producto nuevo, porque en el contrato se estipulaba que no se aceptaban devoluciones. En cuanto a Guayaquil, los proveedores de insumos que se beneficiaron con sobreprecio en 2018, aún firman contratos con entidades públicas.

Hospitales se proveen mediante órdenes de compra

Muchas de las adquisiciones de fármacos que efectúan las unidades hospitalarias públicas son mediante catálogo electrónico. Cuando lo hacen de esta manera, solo se emiten órdenes de compra.

Estas transacciones, por tanto, no son como los regulares procesos de contratación que las entidades deben seguir en el portal de Compras Públicas, administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Las compras de fármacos por catálogo que hacen los hospitales no tienen montos definidos ni mínimos ni máximos, de acuerdo con la normativa vigente. Tampoco existe un número definido de adquisiciones, es decir la entidad contratante puede realizar tantas compras como considere necesario, dentro del presupuesto establecido para un determinado periodo.

Por otro lado, la Red Pública Integral de Salud (RPIS), conformada por el Ministerio de Salud, IESS, ISSPOL e ISSFA, instruyen al Sercop los medicamentos que deben adquirirse por subasta inversa corporativa, que representan alrededor del 50 % del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. En 2018, esto equivalió a 150 millones de dólares.

Según el Sercop, la subasta inversa corporativa tiene como fin llevar un proceso de compra inteligente que permita transparentar la adquisición de medicamentos y a su vez utilizar la economía de escala como instrumento para mejorar las condiciones (precio y calidad) de contratación del Estado y en cumplimiento con lo establecido en la normativa sanitaria.

Las condiciones negociadas a través de la subasta son de beneficio para otras entidades del Estado que adquieren este tipo de bienes, menciona el organismo.