A pesar del generalizado rechazo ciudadano a su propuesta, la mayoría gobiernista de la Asamblea acaba de aprobar la Ley Orgánica de Eficiencia de la Contratación Pública que, entre otros desaciertos, impone el pago por supuesta revalorización de un predio por obras gubernamentales realizadas en su entorno.

Surgen muchas interrogantes, siendo la principal que si la obra pública se realiza con dinero del contribuyente, ¿por qué tiene que pagar su costo una vez realizada?, ya que es por demás conocido que el Estado no genera recursos y solo administra lo que recauda del pueblo. Resultando, entonces, que pagar la revalorización viene a ser pagar dos veces por una misma obra, la misma que –probablemente- tendrá además sobreprecio.

Otra preocupación tiene que ver con la intromisión gubernamental al realizar obras que no son de su directa competencia sino de entidades seccionales; las que, otra vez, no han sido consultadas con los presuntos beneficiarios.

¿Por qué tengo que pagar por algo que disfrutarán también otros que no contribuyen a su construcción?, es otra lógica interrogante que el legislador debe dilucidar, sin apelar a la hipócrita cantinela de la “solidaridad”, utilizada como muletilla cada vez que alguien reclama, infundadamente, obras como pavimentación, canalización, agua, parques, etc., por los que no ha pagado un solo centavo pues no paga impuestos municipales.

Téofilo Villon Barros