Una jueza de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Rosa (El Oro) resolvió a favor de la acción de medidas cautelares que presentó Gina Aguilar, consejera de Participación Ciudadana, para que se posesione al resto de vocales de la Función de Control Social, tras la destitución de los consejeros que ordenó la Corte Constitucional por incumplimiento de funciones.

“1) DISPONER que la Asamblea Nacional, en el plazo no mayor de 72 horas, cumpla su deber constitucional de posesionar a los miembros principales y suplentes del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su legal funcionamiento; 2) Se dispone que la Asamblea Nacional se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a dilatar la ejecución de la presente resolución bajo apercibimiento de las sanciones establecidas en el Art. 22 Nral. 4 de la Ley de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional (sic)”, ordenó este lunes 1 de enero la jueza, según los registros de la Función Judicial.

Aguilar, a través de un abogado, ofreció una rueda de prensa para justificar la acción judicial. “La consejera Aguilar quiere cumplir con el mandato para el cual fue elegida. No obstante, no lo puede desarrollar porque el Pleno del CPCCS no puede sesionar debido a la ingobernabilidad existente por la destitución de sus integrantes. Con este recurso legal, el objetivo es que se le devuelva la institucionalidad al CPCCS y, a partir de allí, poder sesionar”, reseñó Diego González, abogado de Gina Aguilar.

El 5 de diciembre pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a Gina Aguilar como consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El 19 de noviembre, los vocales Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa fueron destituidos por la Asamblea en un juicio político, pero recuperaron sus cargos con una acción de protección otorgada por un juez de La Concordia, quien también ordenó poner una placa con la leyenda “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

Sin embargo, el 23 de enero la Corte Constitucional resolvió la destitución de los siete integrantes del CPCCS por “deliberado” incumplimiento de una sentencia constitucional, particularmente por no haber impulsado la selección y designación del vocal de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que presida el Consejo de la Judicatura (CJ).

El CPCCS debe estar integrado por tres hombres, tres mujeres y un representante de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

En la actualidad hay dos consejeros en funciones: Gina Aguilar, como representante de las mujeres, y Olindo Nastacuaz, de la plurinacionalidad y ecuatorianos en el exterior.