Justicia expedita
Uno de los problemas más evidentes del poder judicial ecuatoriano radica en la lentitud de los procesos, que no solo genera molestias en las partes involucradas, sino gastos excesivos, en los que se incurre por logística y representación legal.
A lo largo de la historia se registraron querellas que duraron años entre personas naturales o jurídicas que tuvieron el dinero necesario para enfrentarlas. Sin embargo, esto no es viable en casos que involucran a una facción de la población económicamente deprimida, que tiene que sobrevivir, muchas veces sin un salario digno, o que han perdido el empleo por la obligación de peregrinar de juzgado en juzgado buscando que se respeten sus derechos. La única opción posible para ese segmento de la sociedad ha sido unirse en un frente común para solventar los gastos en partes iguales hasta que se logren finiquitar sus respectivos litigios.
Una de las principales obligaciones del Estado es proteger a los ciudadanos de cualquier abuso de poder y uno de ellos es precisamente dilatar los procesos sin razón aparente, perjudicando siempre al más débil. Así no hay justicia posible ni bolsillo que aguante.
