Un juicio privado evidencia las coimas en el sector publico

Un divorcio con daños a terceros. En 2016, la empresa australiana Cardno hizo pública su decisión de desprenderse de la ecuatoriana Caminosca, que había adquirido a mediados de 2014 para completar su paulatina expansión a 100 países. Lo dejó por escrito en un comunicado: había comprado una compañía con un complejo sistema de coimas a funcionarios públicos para hacerse con contratos millonarios en el codiciado sector de las áreas estratégicas del Gobierno nacional. El cálculo más modesto supera los $ 3 millones.

Hoy Cardno, en un Centro Internacional de Arbitraje, quiere desembarazarse de la adquisición alegando fraude. Para hacerlo, debe instalar un caño al otro lado del mundo y descargar desde Australia las pruebas sobre aguas sucias en Ecuador. Es decir, debe probar la corrupción que halló en su adquisición. Ya recibió el fallo favorable, ahora en apelación.

La documentación probatoria admitida por el Tribunal, que incluye investigaciones financieras levantadas por la principal compañía de auditoría del mundo, Kroll; así como correos institucionales, calendarios delatores, transferencias injustificadas y compañías offshore de papel, que han servido de base para esta investigación de EXPRESO, dan forma a una trama de corrupción de dimensiones mayores, que involucra de momento a siete funcionarios gubernamentales de la Revolución Ciudadana. Dos de ellos, parte de la cúpula política del oficialismo.

Cardno y Caminosca, empresas de ingeniería, decidieron imponer el sigilo al proceso arbitral, con sede en Estados Unidos, que ventila las negociaciones fraudulentas en Ecuador. Cuentas, fechas y métodos de pago atados a los tres proyectos más lucrativos para su fusión: las hidroeléctricas Sopladora, Toachi-Pilatón y Minas de San Francisco; obras encargadas por la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) que significaron casi $ 100 millones para Caminosca entre 2012 y 2014, cuya cuenta de ingresos se alimentaba en un 80 % de contratos públicos.

La sombra de la sospecha se extiende también a los precios de las obras, la forma de contratación y la vía de pago de subcontratos, como consta en la abundante documentación que ha analizado EXPRESO.

La pieza clave de la investigación, que investiga solo tres de sus 13 contratos con el Estado, se nutre de una paradoja: sería el fundador de Caminosca, Carlos Jácome Merino, quien más de cuatro décadas después de levantar una compañía valorada en $ 18 millones terminaría por arrojarla al barranco de la incertidumbre. Su calendario personal contiene miles de entradas que registran con detalle citas, reuniones y llamadas; pero sobre todo un sistema de abreviaturas, sobrenombres y códigos que recuentan las negociaciones y ofertas de coimas a funcionarios, pocos días antes de ganar los concursos de licitación.

El código Caminosca, examinado en profundidad por Kroll y nunca rebatido en el juicio por los implicados ecuatorianos, quienes alegaron su derecho a no “autoincriminarse”, atribuía a todos los protagonistas, funcionarios y empresarios, un apodo. También reemplazaba los valores en miles de dólares por “kbps”, los porcentajes de la coima por “Mhz”, el pago a funcionarios por “dh” o el pago mediante ‘offshore’ refiriéndose a “Energización vía Europa” o similares.

El uso de ‘offshores’ y cuentas en paraísos fiscales, contra las que el Gobierno ha emprendido una campaña política y una consulta popular a fin de prohibir su vinculación a funcionarios, vuelven a jugar el rol protagónico. Según el laudo, los funcionarios reciben el pago a través de compañías de papel que servían como “vehículo de pago”.

Dos de ellas, en particular, sirvieron de puente para este caso: Asesorías Australes y Crown Mergers, con cuentas en Bahamas, Brasil, España y Estados Unidos, se convirtieron en las mayores subcontratistas de los proyectos hidroeléctricos a pesar de no estar registradas para hacer negocios en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías. Ambas, inscritas en los registros mercantiles de Chile y España, respectivamente, recibieron depósitos de Caminosca por al menos $ 3 millones. Sin embargo, una auditoría externa a estos contratos, levantada por BDO, en enero de 2015, no halló, en ninguno de los casos, un producto, asesoría o servicio que justificara tales pagos. Lo que sí encontró fueron pistas dignas de cualquier compañía de papel: domicilios fantasmas, webs por default y estatus inactivo o sin declaración de ingresos en ambas empresas.

El afán por el detalle de Carlos Jácome Merino y sus socios, cuyos abogados declinaron de responder las preguntas de este Diario amparados en la confidencialidad del proceso, lo llevó a registrar, por ejemplo: “me reúno con Edcas en el carro y acordamos un dh = 350. Energización vía Europa”. La reunión, cuya interpretación no rebatida en el Tribunal se interpreta como una coima de $ 350 mil a través de una ‘offshore’ europea, tuvo lugar una semana antes de que Caminosca ganara el contrato de Toachi Pilatón.

La pluma delatora de Jácome Merino concede trascendencia especial al personaje codificado como ‘Vidrio’, según confiesa el propio empresario en un correo enviado a uno de sus socios, recibió “100 kbps, el cual se divide en 50 % por el proyecto 415 y 50 % por el 476”. La referencia alude al número interno que Caminosca asignaba a sus contratos: Sopladora y Toachi Pilatón, respectivamente.

El señor Vidrio no sólo recibe pagos por cientos de miles de dólares a través de empresas ‘offshore’. Era común, se evidencia en el laudo, que los funcionarios recibieran porcentajes pequeños en efectivo. En este caso, el señor Vidrio resulta como beneficiario en la hoja de Excel hallada entre los documentos del fundador de Caminosca, donde registra dos pagos de $ 30 mil bajo el epígrafe “Hidroeléctrico Vidrio, campaña política”. Ambos están fechados en enero y febrero de 2013.

En la lista de pagos menores, que recogen coimas casi simbólicas en relación a las acordadas, se apuntan valores individuales entre los 15 y los 90 mil dólares. La lista completa de estas cuentas pagas se inscribe en documentos de cálculo bajo epígrafes como “Dh Sopladora” o “Dh Topil”. Y suponen, en la interpretación de los investigadores admitida por el Tribunal, una contabilidad paralela para registrar los “pagos locales, presumiblemente en efectivo”.

Los antiguos dueños de Caminosca, que manejaron el día a día de las operaciones tras la adquisición por parte de Cardno, cuyos representantes en Australia declinaron de comentar para este reportaje, solicitaban constantemente préstamos para cubrir pagos iniciales de “dh”, antes de adjudicar contratos a compañías fantasmas por montos similares al total de préstamos recibidos.

No solo eso, el Tribunal declaró “razonable y soportado por la evidencia” que muchos de los pagos de las coimas a funcionarios gubernamentales se disfrazara, en las cuentas de la compañía, creando gastos ficticios a través de “transferencias ilegales en el sistema bancario estadounidense”, particularmente en Florida, donde se identificaron compañías de papel adicionales.

Esto, como ha sucedido antes con casos como el Fifagate u Odebrecht, “deja en libertad a las autoridades de Justicia para investigar y resolver como consideren necesario”, declaran los jueces en el laudo, en referencia a evidentes violaciones de la Ley Antisobornos estadounidense.

En Ecuador, sin embargo, ni la Fiscalía ni la Contraloría han iniciado investigaciones al respecto, pese a que las motivaciones de la demanda son públicas desde hace más de un año.