“Tomen sus 200 millones y que les vaya bonito”. Cada vez que una compañía petrolera presentaba una demanda contra el Estado ecuatoriano en tribunales internacionales, el video donde aparecía el presidente Rafael Correa despachando esa balandronada era adjuntado como prueba. Y cada vez que se proyectaba, los jueces quedaban pasmados. Los abogados de la Procuraduría tenían montado ya todo un argumento para desestimar la importancia de esta declaración, pero la impresión que producía no había quien la borrara. “Que les vaya bonito”: una de las frases más aclamadas de las sabatinas presidenciales resultó ser la más cara. Costó más, mucho más que 200 millones de dólares. Alrededor de 80 millones solo en pago de abogados y solo en el período del procurador Diego García. A eso, claro, hay que sumar las indemnizaciones...

379,8 millones a la compañía Burlington; 19,9 millones a Murphy; 374,3 millones a Perenco... Todos esos casos perdidos por el Estado ecuatoriano en las cortes internacionales tienen una misma causa: el decreto 662 de Rafael Correa mediante el cual se modificó el porcentaje de ganancia en los contratos de participación. Las compañías pasaron de recibir el 50 por ciento de los excedentes a recibir el uno por ciento, lo cual fue juzgado como un arbitrario cambio unilateral de las reglas de juego del contrato. Por eso el procurador Íñigo Salvador piensa que el Estado podría aplicar el derecho de repetición a los funcionarios responsables de semejante desastre. Como los correístas son más transparentes que un vidrio (en su conducta política, se entiende, que no en la financiera) han reaccionado anunciando, esta semana, un juicio político en su contra. De esta manera no solo se curan en salud del fantasma de la repetición, sino que fabrican un chivo expiatorio al cual endilgar sus propios pecados. Para que no quepa la menor duda, decidieron sumar el caso Chevron al proceso. Basta con revisar ambos expedientes para advertir la trampa.

El caso Perenco lo perdió (si se quiere hablar en esos términos) Diego García. Fue en 2014 cuando el arbitraje del Ciadi determinó que el Estado ecuatoriano era responsable de un acto confiscatorio. Cuando Íñigo Salvador asumió la Procuraduría, el 31 de julio de 2018, solo restaba esperar por la cuantificación del daño. Esta se produjo el 27 de septiembre de 2019: el tribunal arbitral del Ciadi obligaba al país a indemnizar a la compañía por un total de (una vez deducidos los costos por daño ambiental) 411 millones de dólares. El procurador interpuso un recurso de anulación mediante el cual consiguió una rebaja de 36,6 millones.

Ferdinand Álvarez, el legislador correísta de pocas luces y no precisamente muy intensas a quien su bancada encargó la ejecución del juicio político, ha dicho que Salvador adelantó criterios: que venía anunciando el pago de la indemnización aún antes de que el proceso concluyera. Ferdinand Álvarez no entiende nada o quiere confundir: desde 2014 se sabía que el Ecuador tenía pagar, nomás se ignoraba cuánto.

Lo curioso del caso es que Diego García, el procurador del correísmo, pasó por idéntica experiencia. Recibió el laudo de fijación de responsabilidades por 400 millones de dólares en los casos Burlington y Murphy, el gobierno de Rafael Correa los pagó y nadie se enteró de nada, porque dictó una resolución de reserva que recién fue desclasificada el mes pasado.

Según Diego Borja, ministro de Finanzas del correísmo que se jacta de corresponsabilidad en el desastre y parece pedir repetición a gritos, la decisión del decreto 662 que el tribunal arbitral del Ciadi califica de “confiscatoria” fue el mejor negocio que podía hacer el Ecuador: produjo miles de millones de dólares en regalías petroleras de los que solo había que descontar unos cuantos cientos de millones por concepto de indemnizaciones. Puede que tenga razón, con dos salvedades: en primer lugar, Borja no considera las pérdidas para el Ecuador en imagen y prestigio, o sea en riesgo país, o sea en inversión extranjera. Son incuantificables. En segundo lugar, si el negocio de regalías petroleras menos indemnizaciones estaba calculado desde el primer día, ¿por qué vienen ahora a rasgarse las vestiduras y buscar culpables?

El caso Chevron es aun más bochornoso. Aquí, la acusación de los correístas contra el procurador, a falta de otra mejor, es de no tener empatía con los demandantes. Tal cual. Y sí: Íñigo Salvador se ha abstenido de participar en la campaña mediática internacional en la que Diego García se jugó con entusiasmo y que terminó comprometiendo el prestigio de la justicia ecuatoriana.

Chevron era un caso particular en el que un grupo de afectados, con el auspicio de los abogados Steven Donziger y Pablo Fajardo, demandó a la petrolera estadounidense por daños ambientales. En febrero de 2011, el entonces presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, falló en favor de los demandantes y ordenó a la compañía pagar una indemnización de 19.000 millones de dólares, reducida a 9.500 millones en segunda instancia. Hasta ese momento, el Estado ecuatoriano no tenía nada que ver en el asunto. Pero cuando Chevron consiguió demostrar, en una corte neoyorquina, que el juez Zambrano había sido sobornado, que se le ofreció 500 mil dólares y se le entregó la sentencia escrita, el Ecuador se vio inmerso en un caso de denegación de justicia que estaba perdido de antemano.

Las pruebas eran contundentes, empezando por una sentencia hipersofisticada supuestamente redactada en inglés por un juez que a duras penas habla el español. A Chevron no le quedó difícil demostrar que fue víctima de una campaña orquestada por el Estado en la que Rafael Correa se jugaba su prestigio con la progresía internacional. Mientras tanto, el juez Zambrano (destituido de su cargo en 2012 pero por otro caso, uno de narcotráfico), no solo que no recibió sanción, sino que resultó premiado con un cargo público que mantuvo hasta el final del correísmo. Chevron había puesto una demanda en su contra, pero el fiscal Galo Chiriboga se la guardó en un cajón. El delito de Íñigo Salvador (y el de Diana Salazar, a quien ya le llegará su hora) consiste en haber reactivado ese proceso contra el juez corrupto. A eso llaman los correístas falta de empatía.

El juicio político contra Íñigo Salvador amenaza con sentar un pésimo precedente: supone que un gobierno puede cometer cualquier tipo de atropellos que le acarreen condenas internacionales y no responsabilizarse por ellas. La culpa será siempre del abogado del Estado que no supo defender lo indefendible. ¿Contará el correísmo con la ayuda de sus aliados socialcristianos y de Pachakutik para cometer esta injusticia?

¿Repetición?

El ministro de Finanzas del correísmo, Diego Borja, justifica el atropello del Estado a la compañía Perenco con un simple cálculo de utilidades: fue un buen negocio, dice.

374,3 millones

El caso Perenco se originó de un decreto presidencial de Rafael Correa y lo perdió el procurador anterior, Diego García. Al actual solo le restó esperar que se fije la indemnización.

• DOS CARGOS ADICIONALES 

46 legisladores, todos correístas, respaldan con su firma el juicio político al procurador. Junto a los cargos de responsabilidad por los casos Perenco y Chevron, presentan otras dos acusaciones. La primera: haber respondido una consulta sobre la aprobación del Ciadi diciendo que el Ejecutivo podía firmar ese tratado sin necesidad de contar con la aprobación de la Asamblea. Un criterio que coincidió plenamente con el fallo de la Corte Constitucional.

Segunda: haber recomendado al Consejo de Participación Ciudadana un nombre para el cargo de defensor público. Se trata del candidato Juan Pablo Morales, que lo incluyó en la lista de referencias que el CPCCS exige para el concurso. Este caso fue ya conocido y desechado por la Fiscalía, que concluyó que el procurador actuó según el reglamento del concurso.