Aunque no es parte de las pruebas de cargo, los cuatro proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lasso centraron este 20 de abril de 2023 sus esfuerzos sobre el borrador de un Informe de Responsabilidad Penal (IRP) de la Contraloría General del Estado que finalmente no fue aprobado y no está vigente.

A la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional acudieron Manuel Mesías, director Nacional de Auditoría de la Contraloría y luego el contralor General, Carlos Riofrío. El primero explicó que un examen especial que se hizo a la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, determinó un perjuicio de 6,1 millones por el contrato con la privada, Amazonas Tankers.

Esto generó una serie de conclusiones y recomendaciones, pero también responsabilidades administrativas y civiles que fueron comunicadas a quienes eran auditados y a quien ejercía como gerente de la estatal, Jhonny Estupiñán.

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El informe fue aprobado en noviembre de 2021, cuando Laso ya era presidente, pero Mesías dijo que ese documento, por obvias razones, no llegó a conocimiento del mandatario de parte de la Contraloría. “(Se notifica) Exclusivamente al personal de la entidad auditada”, señaló.

El funcionario reconoció que hubo un borrador de IRP que no superó los filtros de la unidad competente de la Contraloría, por lo tanto no se determinó que hubo peculado u otro delito, por lo que no se envió a la Fiscalía General.

“¿Por qué no se aprobó?” fue la pregunta repetitiva de Viviana Veloz (Unes), Pedro Zapata (Pachakutik), Rodrigo Fajardo (ID), y Mireya Pazmiño. “Porque era solo un proyecto”; “porque luego de reuniones de varias áreas se determinó que lo que señalaba el documento no era suficiente y competente”; “porque no toda responsabilidad civil conlleva una responsabilidad penal”, trató de explicar Riofrío, pero ninguna respuesta fue satisfactoria para los legisladores opositores.

Edgar Neira, abogado designado por Lasso para este proceso, rechazó que se insista en un informe que no es parte del expediente y tampoco es un documento público. “Hasta hace pocos días la posición de los acusadores era que no interesaba que hubiere o no hubiere el cometimiento de un delito. Sucede que ahora han cambiado de opinión y les resulta más cómodo empezar a afirmar, a partir de un borrador, que habría habido indicios de responsabilidad penal”, cuestionó Neira.

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Veloz, sin embargo, aseguró que eso si fue incluido como pruebas de oficio por los asambleístas de la Comisión de Fiscalización. Algo que fue refutado por su presidente, Fernando Villavicencio, cuya presidencia está apelada.

Otro punto clave es que en las conclusiones de este examen especial tampoco se recomendó poner fin al contrato con Amazonas Tankers, sino hacer ajustes y mejoras para que cualquier cambio de modalidad del contrato se la haga con base a informes económicos y técnicos y que se emita un informe económico y legal para ver la conveniencia y continuidad del contrato.

Al cierre de esta nota, rendía su versión el actual gerente de Flopec, Luis Lavayen, que explicaba a los legisladores sobre su gestión y los correctivos que se vienen aplicando en la empresa Pública.

Análisis de la Contraloría

El contralor General del Estado, Carlos Riofrío, explicó a los asambleístas que el pasado 10 de abril se emitió un pedido de examen especial para hacer el seguimiento de la recomendaciones que la entidad de control hizo a Flopec.

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Esta revisión no es solo al contrato que la empresa pública firmó en su momento con Amazonas Tankers, sino a otros aspectos del funcionamiento de la Flota Petrolera Ecuatoriana.

Las siguientes comparecencias

Para el 21 de abril de 2023 han confirmado su comparecencia el exprocurador General del Estado, Íñigo Salvador; el actual procurador, Juan Carlos Larrea; el director de EMCO, Joaquín Ponce; y se esperaba la confirmación de la Fiscal, Diana Salazar.

Además, por pedido de la defensas del presidente Guillermo Lasso deben dar testimonio todos los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, entre otros, su presidenta Mireya Pazmiño, que es una de las proponentes del juicio político.

También, fue convocado el expresidente de EMCO, Hernán Luque Lecaro, que no ha podido ser localizado ni por la Comisión de Fiscalización, ni por las autoridades de justicia; tampoco ha sido ubicado por Fiscalización el exministro de Transporte y miembro del directorio de EMCO, Marcelo Cabrera Palacios.