Segunda jornada de comparecencias en el juicio político contra el presidente de la República: el testigo estrella faltó a su cita. El vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec en cuyas opiniones (consignadas en dos oficios) se fundamenta todo el caso, se excusó por escrito de acudir a la Comisión de Fiscalización. Sin él, los acusadores perdieron su único ángulo de aproximación al tema central del juicio político: el presunto peculado en los contratos de Flopec con Amazonas Tankers. Sí asistieron, su sucesor en el cargo, Oswaldo Rosero; el ministro de Energía, Fernando Santos, y el exministro de esa misma cartera, Juan Carlos Bermeo, quienes desmintieron sus acusaciones.

Mal comienzo para la oposición, que no ha logrado posicionar ninguna prueba concreta y se ha movido, hasta el momento, tratando de definir la responsabilidad política del jefe de Estado por aproximación y mediante preguntas erráticas: si había concentración de poder en la figura de Hernán Luque, si el decreto ejecutivo de su nombramiento violó la ley de empresas públicas, si el ministro de Energía conocía o no el informe de Contraloría… Pero sobre las causas que configuran peculado en el contrato con Amazonas Tanker y la naturaleza de la responsabilidad política del presidente, poco o nada llegan a decir.

Mientras tanto, el abogado de Guillermo Lasso, Édgar Neira, ha ido desmontando documentadamente los “Hechos base” de la acusación que constan en el expediente. Mostró, por ejemplo, un oficio del presidente dirigido a la fiscal Diana Salazar, en marzo de 2022, con el que le remite toda la información sobre los presuntos actos de corrupción en Flopec y le pide investigarlos. También certificó que las trece recomendaciones de Contraloría sobre los contratos fueron ejecutadas. Con esto, según el exgerente de Flopec, Oswaldo Rosero, dejaron de ser lesivos para el Estado. Además, Neira logró desestimar una de las pruebas más importantes en la narrativa de los acusadores: el informe de escenarios del exsecretario Anticorrupción Luis Verdesoto, que fue el primer en comparecer el día lunes. ¿Incluye el informe alguna alusión al contrato materia de este juicio?, le pregunto. No, ninguna, respondió el exfuncionario.

El martes, la jornada empezó con un baldazo de agua fría para los acusadores: Fernando Santos, ministro de Energía, arrancó su intervención citando, como prueba de descargo, el informe de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, firmado por la hoy acusadora del presidente Mireya Pazmiño, en el que recomienda mantener los contratos con Amazonas Tanker y critica al gerente de Flopec de ese entonces, Johnny Estupiñán (a quien ahora recurren para que los saque del apuro), por pretender suspenderlo unilateralmente. Pazmiño no hizo el menor comentario. Desarrolló sus interrogatorios a los comparecientes leyendo con dificultad las preguntas que llevaba escritas y con la actitud de quien nunca ha cambiado de opinión en esta materia.

En cuanto al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, continuó asistiendo a la sesión como un asambleísta más luego de que su presidencia fuera apelada la víspera por el correísta Roberto Cuero. Al frente de la sesión se encuentra la oficialista Ana Belén Cordero. Villavicencio dirigió sus interrogatorios a los comparecientes con el fin de demostrar que el cuestionado contrato con Amazonas Tanker es el mismo que rige desde 2012 en el sistema de intermediación petrolera montada por el correísmo. Amazonas Tanker (lo confirmó Oswaldo Rosero) es la nueva razón social de una vieja conocida: la empresa Gunvor, involucrada en un escándalo de corrupción con Petrochina. “Ya supérelo -reaccionó Roberto Cuero-, supere el tema del correísmo, estamos en otros menesteres”. Desde el primer día, el legislador correísta es uno de los más empeñados en suprimir los contextos de esta investigación.