Se sabía que la solicitud de juicio político a la fiscal Diana Salazar iba a aparecer tarde o temprano: su censura y salida de la Fiscalía es un objetivo irrenunciable para el correísmo.

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Un objetivo que podría ser considerado como síntoma de una obsesión incluso patológica de Rafael Correa. En realidad, la Fiscal es piedra fundacional del único punto que el correísmo tiene en su agenda política: la impunidad. Un tema que, además, está íntimamente vinculado al deseo de venganza personal de Correa.

Lo cierto es que el pedido de juicio llegó más temprano que tarde. La Asamblea no había cumplido ni una semana de labores y la asambleísta del correísmo, Gissela Garzón, hizo público temprano en la mañana el pedido que había enviado a la Presidencia de la Asamblea, aunque hasta el cierre de esta edición no había mostrado la sustentación jurídica del caso.

Únicamente se conoció su carta de pedido a la Presidencia de la Asamblea, en la que se menciona a un documento anexo que, se presume, es la argumentación jurídica del pedido y las supuestas pruebas para presentarlo.

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Ese documento, al menos hasta el cierre de esta edición no se había hecho público, lo cual resulta insólito porque normalmente ambas cosas, la solicitud y su anexo donde deben estar las causales y las pruebas, se hacen públicas al mismo tiempo. Es más, los periodistas que cubren Asamblea pidieron el documento insistentemente en el chat oficial de WhatsApp del departamento de relaciones públicas de la Asamblea y no tuvieron respuesta hasta finales de la tarde del 27 de noviembre.

Pero si no se conoció la sustentación jurídica del pedido, en cambio Garzón sí anticipó las motivaciones del juicio. La inseguridad, dijo, que es lo que justifica el enjuiciamiento. Lo hizo primero en un mensaje de Twitter y luego en unas declaraciones a la prensa.

Según Garzón, Salazar no “ha precautelado” a sus funcionarios en casos vinculados al narcotráfico y no ha tomado decisiones que está obligada como no haber investigado el caso León de Troya donde, según ella, está vinculado el expresidente Guillermo Lasso.

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Eso, a pesar de que hasta hoy no ha habido ni una sola denuncia o evidencia de esa supuesta investigación. Si se da crédito al relato de Garzón, la gran y única responsable de la inseguridad que el país sufre es la Fiscal porque si sus motivaciones fueran esas, entonces los enjuiciados deberían ser muchos más: para comenzar los consejeros Wilman Terán y Xavier Muñoz, del Consejo de la Judicatura, quienes sí tienen que responder por la conducta de los jueces en los casos relacionados al narcotráfico y a la corrupción. Según Garzón, la fiscal Salazar no ha “estado” de acorde a la situación.

El tema de la inseguridad, entonces, no parece ser sino un argumento que el correísmo ha sacado de la chistera para darle legitimidad a su pedido de juicio. No hay que olvidar que las intenciones del correísmo para sacar a Salazar no son nuevas: a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y del Consejo de la Judicatura ya lo intentaron con resultados fallidos. 

Bajo el argumento de que Salazar fue nombrada de forma irregular, ya sea por un supuesto de plagio de su tesis doctoral que fue desmentido por la Universidad Central o por fallas en el proceso de su selección, estos organismos montaron operativos para sacar a la fiscal. Como no pudieron, ahora toda la carne que el correísmo ha puesto sobre el asador está en la Asamblea Nacional, cobijada por la justificación de la inseguridad. 

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Quizá porque vieron que el tema de la tesis doctoral de Salazar no daba para más o por darle un revestimiento más popular al tema del juicio: la supuesta cruzada por conseguir la seguridad de los ecuatorianos. Un argumento que, dados los antecedentes de los intentos anteriores, no resulta muy verosímil.

Ahora bien, que se haya presentado el pedido no significa necesariamente que Salazar vaya a ser destituida. Para censurar a la Fiscal se necesitan 70 votos, y el correísmo tiene 52 asambleístas, lo que significa que tiene que conseguir alrededor de 19 votos adicionales, lo cual no parece imposible.

Si bien el socialcristianismo y el oficialismo han dicho que no apoyan el pedido de juicio, también es cierto que no han dicho de forma expresa que no van a votar por la censura.

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En realidad, el correísmo no necesita que nadie apoye el juicio porque el único requisito para que pase es que haya 36 firmas, cosa que para ellos no es ningún problema. La definición de este tema, en realidad, estará a la hora de votar. ¿Si socialcristianos y gobiernistas dijeron que no van a apoyar el pedido, eso no implica necesariamente que no vayan a apoyar la moción de censura? Eso, aún no está del todo claro.

En todo caso, el anuncio hecho esta semana deja en claro algo, aún más si se suma el anuncio de que mañana miércoles se va a retomar el juicio político a Guillermo Lasso: esta es una Asamblea cuya verdadera esencia será la fiscalizadora. Nada ha dicho sobre proyectos de ley y mucho sobre fiscalizar.

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