A las 16:00 de este lunes 2 de agosto de 2021, el juez nacional Wálter Macías anunciará su resolución sobre la revisión de medidas solicitada por la exasambleísta Karina Arteaga, procesada por presunta concusión. Ella al momento tiene arresto domiciliario y dispositivo electrónico. 

La mañana de este lunes el juez, quien el 6 de julio durante la audiencia preparatoria de juicio declaró la nulidad parcial del caso y lo regresó a etapa de instrucción fiscal, escuchó los argumentos de la defensa de la exlegisladora. 

Entre otras cosas el abogado de Arteaga presentó certificados de salud y laborales para justificar su pedido. La exlegisladora estaría afectada por un trastorno ansioso de personalidad que habría sido agravado por el proceso penal abierto en su contra. 

Adicionalmente presentó un certificado laboral de la Universidad Técnica de Manabí en donde, desde mayo pasado, volvió a ser docente a tiempo parcial percibiendo un salario de 890 dólares al mes.

Arteaga de 50 años también adjuntó un documento que señala que fue atendida por un cuadro con síntomas de ansiedad derivado por un evento estresante, además padece de insomnio, cambio de ánimo y ha recibido tratamiento farmacológico desde el 2020.

A su turno el fiscal subrogante Wilson Toainga reconoció que los cambios de medidas cautelares son posibles cuando existan hechos nuevos antes no justificados. Pero señaló que en el caso de Arteaga no hay esa circunstancia ni la procesada ha justificado hechos que no se hayan ya discutido en la formulación de cargos.

Dijo adicionalmente que la defensa confunde lo que es revisión con apelación y aclaró que el fundamento del pedido es en virtud del principio de igualdad pero, la calidad de imputada de Arteaga es de autora de concusión, con las circunstancias de si la conducta se realiza mediante violencia o amenaza, la pena, en el caso de ser hallada culpable, es de cinco a siete años de cárcel.

Arteaga pidió tratamiento igualitario con los otros dos procesados que se presentan periódicamente ante la autoridad pero el fiscal rememoró que a ella se le acusó de autora y a los otros de cómplices, por lo que no son las condiciones de ella. 

El fiscal pidió que se deseche el pedido y se mantenga el arresto domiciliario y el grillete  porque los certificados presentados son de médicos particulares y es conocido por todos que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es exigente y dispone que deben ser documentos de una institución del sistema público. 

Finalmente recalcó que a Arteaga por excepción se le puso arresto domiciliario ya que por la abundante cantidad de elementos presentados en su contra habría merecido la prisión. 

Arteaga es investigada por el presunto cobro de diezmos a una exasesora en la Asamblea a cambio de que conserve su puesto de trabajo. 2.861 dólares mensuales habría depositado la afectada en la cuenta del esposo de la exfuncionaria quien también fue vinculado al caso. 

El destino de los alrededor de 31.000 dólares que habría depositado la afectada habría sido la compra de un automotor y el pago de gastos personales.