Un juez de Cayambe declaró este viernes 11 de febrero de 2022 como maliciosa y temeraria la denuncia por calumnias presentada por dos funcionarios de la Defensoría Pública en contra de la mayor de la Policía Rafaela Montoya.

La discrepancia se originó semanas atrás después de que la oficial diera una rueda de prensa en Cayambe, un cantón de Pichincha, ubicado al norte de Quito.

La mayor Montoya informó a los medios que en un operativo fueron capturados cuatro sospechosos de robo a domicilio, a quienes se los encontró en delito flagrante. Su queja fue que los defensores públicos los sacaron de la cárcel en menos de 24 horas a través de un acuerdo de conciliación con la víctima, a la que le ofrecieron pagar 400 dólares.

En esa rueda de prensa, Montoya dijo que tres de los detenidos tienen 18 procesos judiciales por robo, tenencia y posesión de drogas y asesinato.

La oficial reconoció que esta figura de conciliación es legal, pero que no es ética. Y señaló que para los delincuentes era un “buen negocio”. Agregó: “Robo cinco veces, me detienen una y con ese sí hago un acuerdo reparatorio. ¿Y las demás víctimas? Con ellos no hubo acuerdos reparatorios porque no fueron detenidos”.

Para el juez que conoció este caso, las declaraciones de la oficial corresponden a su derecho a la libertad de expresión, que está consagrado en la Constitución y que al no haber evidencias la declaró inocente del delito de calumnias.

Tras la diligencia, la oficial prefirió no referirse al caso. Pese a que esta declaración de maliciosa y temeraria, le da derecho a demandar a los defensores públicos, su abogado Gustavo Valle, miembro del Departamento de Defensa Institucional de la Policía Nacional, dijo que no tomarán este camino, sino que dan por terminado el litigio.