El abrecaminos. La candidatura del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, como asambleísta nacional por el partido Fuerza Ecuador (FE), comienza a pesar en los procesos penales que  la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió en su contra, por diferentes delitos.

El juez Juan Carlos Terán, de la Unidad Judicial Penal Florida Norte de Guayaquil, suspendió el trámite de la causa que llevaba en contra del exmandatario, por el delito de tráfico de bienes patrimoniales; y dispuso su libertad al dejar sin efecto la medida cautelar real que pesaba en contra del procesado, hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclame los resultados.

Aunque el juzgador menciona en providencia que, en autos aún no consta algún oficio remitido por el CNE donde se certifique que Bucaram Ortiz se encuentra habilitado para participar en los comicios de 2021, asegura que se adjuntó documentación notariada del organismo electoral, donde se puede apreciar que el exmandatario está facultado para participar por el partido Fuerza Ecuador. 

Terán dio cumplimiento con lo que dispone el artículo 108 de la ley Orgánica Electoral, respecto de que “las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar (...).

Dentro del caso se evidenció un nuevo roce entre el juez y Rehabilitación Social, relacionado con Jacobo Bucaram, primogénito del expresidente y quien fue absuelto en el proceso, tras un dictamen fiscal abstentivo.

Terán dispuso a la Fiscalía que designe a un agente para que inicie una investigación previa en contra de Luis Reinaldo Aguilar Mata, director del Centro de Privación de Libertad No. 1 de Guayaquil, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La disposición se dio luego de que el funcionario devolviera la boleta de excarcelación, que emitió el juez a favor de Jacobo, en virtud de que no se encuentra recluido en ese centro carcelario. Algo que Terán, según indica, ya lo había aclarado pero solicitaba que se remita la boleta al centro que corresponda, “pero evidentemente el señor director al igual que el señor director nacional no cumplen las ordenes de un juez de primer nivel, por lo que sin dilación alguna dispongo que se remita atento oficio a la Fiscalía Provincial del Guayas para que se disponga que un agente fiscal para que inicie una investigación (...)”.

En cuanto a un pedido que hizo Jacobo, para que se declare error inexcusable en contra del fiscal que lleva esa investigación, el juzgador señaló que eso le corresponde únicamente a los tribunales de alzada, mas no a un juez de primer nivel.

Otro proceso que también se suspendió fue el de tráfico de armas de fuego y nucleares, que está en etapa de juicio. Los jueces Felipe Sarmiento, Mónica Abad y Dora Vargas, del Tribunal de Garantías Penales del Guayas, y quienes llevan el expediente, aceptaron el pedido de la defensa de Bucaram, lo que detiene el juzgamiento para resolver la situación jurídica del exmandatario en este caso, que se generó el 3 de junio de 2020, luego de un allanamiento que se realizó en su vivienda por investigaciones que desplegó la FGE, por delitos de corrupción que se denunciaron en los meses más críticos de la pandemia de la COVID-19, en Guayaquil. No obstante, los jueces convocaron para el próximo 25 de enero a una audiencia, para atender el pedido de revocatoria de las medidas cautelares que pesan en contra del candidato.

El Tribunal acogió un informe de análisis técnico científico que presentó el fiscal Álvaro Romero Castro a las historias clínicas de  Bucaram Ortiz y los resultados de la valoración médica que le hicieron en el área de cardiología del Hospital Abel Gilbert Pontón, con respecto a la sugerencia que se hizo, para que en el caso de una próxima convocatoria a audiencia pueda estar acompañado de su médico de cabecera o especialista cardiólogo tratante.