El Issfa y la seguridad juridica

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El Issfa y la seguridad juridica

La seguridad jurídica es la condición que sustenta la confianza, confianza que a su vez requiere de una administración de justicia independiente del poder político, y de un poder político sujeto al imperio de la ley. En el caso del terreno de propiedad del Issfa, vendido al Gobierno para el desarrollo del parque de Los Samanes (iniciativa que aplaudimos por tratarse de una contribución a la mejora de la calidad de vida en nuestra ciudad), hay que deplorar el rompimiento de la seguridad jurídica, que tiene como actores a una institución autónoma del propio Estado y al Gobierno mismo.

El Issfa, fondo financiero autónomo de previsión, tiene la obligación de desarrollar su patrimonio para poder atender las necesidades de sus afiliados. El terreno, conformado por una serie de lotes adquiridos al Ministerio de Defensa y en otras transacciones, constituía uno de los activos importantes de la seguridad social militar. Fue por ello que el Issfa dio los pasos previos para diseñar un proyecto de desarrollo urbano, cuya comercialización permitiese acrecentar el patrimonio de sus constituyentes. Era una iniciativa interesante, enteramente alineada con el mandato institucional referido.

La negociación con el Gobierno dejó trunco el proyecto, pero negocios son negocios. Las partes acordaron el precio y formalizaron el procedimiento para resolver diferencias que no se dieron. Luego de cinco años surge una objeción administrativa respecto del valor del bien, valor que, establecido por la Dinac, era la mitad del originalmente anunciado por el comprador. La insistencia en que se utilice el avalúo municipal (medida usada para propósitos de tributación, no de valoración) causa que el valor reconocido sea de menos de $4 el metro cuadrado, cifra que afecta enormemente a la institución. Más aún, hay argumentos en el sentido de que la objeción es extemporánea y que desconoce el procedimiento acordado para zanjar las diferencias.

El débito, finalmente, se da en circunstancias en que el Gobierno adeuda aportes al Issfa, repitiéndose las acciones unilaterales que se dieron el año pasado contra el IESS.

La garantía de pago de las pensiones no reemplaza, finalmente y en modo alguno, la pérdida de los recursos previsionales, y extiende la inseguridad jurídica a todos los ámbitos de la sociedad.