La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quedó fuera de la investigación que se abrió por los hechos suscitados el 18 de marzo de 2020, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo (JJO), en pleno inicio de la pandemia por el coronavirus.

Aunque la autoridad local reconoció, en ese entonces, que ordenó irrumpir con vehículos municipales la pista del aeropuerto de Guayaquil, para impedir que un vuelo procedente de España, aterrizara en la ciudad, en plena pandemia para recoger a 200 pasajeros, la Fiscalía Provincial del Guayas habría concluido en sus investigaciones que Viteri "no tiene participación alguna en el delito investigado".  La fiscal provincial Yanina Villagómez dispuso que la investigación previa continúe en una Fiscalía Especializada de Personas y Garantías de la Fiscalía Provincial del Guayas, por el delito de obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias. EXPRESO está a la espera de un pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado sobre el tema.

Los resultados de la investigación ya habrían sido enviados a la Sala de Sorteos de la Fiscalía, para que continúe con la investigación ordinaria sobre funcionarios municipales. Y, al no existir fuero de Corte, el caso ya no pasaría a la  Presidencia de la Corte del Guayas, para el respectivo trámite. EXPRESO consultó si el documento también había sido puesto en conocimiento del presidente Alfonso Ordeñana, pero se indicó que aún no lo tenía en sus manos.

De conocerlo, la autoridad judicial tendría dos vías para resolver algun pedido. La primera, si considera que existen elementos para continuar la investigación contra Viteri lo deberá remitir a consulta de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que sea ella quien reafirme la decisión de la fiscal Yanina Villagómez, o disponga continuar con alguna formulación de cargos.

Lo segundo que puede hacer el presidente de la Corte, en caso de compartir el criterio de Villagómez, es desplazarlo a la vía ordinaria, como así se lo ha indicado.

La investigación se abrió el 21 de marzo de 2020, por la presunta violación contra el Derecho Internacional Humanitario, por el impedimento de aterrizaje de aviones en Guayaquil para trasladar a extranjeros fuera del país, en medio de la emergencia sanitaria que recién se había decretado en el país, por el contagio de la COVID-19.

Las indagaciones, iniciadas de oficio, buscaban determinar responsabilidades por los hechos ocurridos en el JJO, “donde personal de la ATM (Agencia de Tránsito Municipal) interfirió, con vehículos institucionales, la pista de arribo e impidió el aterrizaje de un avión”, señaló la Fiscalía en ese entonces.

Dentro de esa investigación se solicitó a las autoridades de la terminal aeroportuaria de Guayaquil que remita los videos de las cámaras de seguridad para verificar “el accionar de las personas e instituciones que habrían intervenido en el bloqueo intencional de la pista de aterrizaje”. También, el listado de uniformados y miembros del personal civil presentes, así como las disposiciones que les fueron impartidas. Dicha acción impidió el arribo a Guayaquil de una aeronave comercial de la línea KLM y de un vuelo de Iberia, que iba vacío y buscaba trasladar a pasajeros hacia Madrid.

La fiscal provincial, Yanina Villagómez, manifestó entonces que las investigaciones se basan en lo dispuesto en el artículo 124 del Código Integral Penal, así como en convenios internacionales y normas del Derecho Humanitario.