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Invertir en aguas negras

Comprar una casa, limpiarla, instalarse y empezar a vivir. Que el agua limpia llegue y el agua sucia salga de la forma adecuada, pese a lo básico y lógico de la necesidad, se antoja un proceso complejo a la hora de prestar adecuadamente ese servicio en poblaciones de mediano y pequeño tamaño. E incluso en sectores aledaños a grandes ciudades, como ha podido constatar en este Diario en zonas de alta plusvalía inmobiliaria.

El servicio público de alcantarillado y el adecuado tratamiento de aguas servidas no viene dado ‘per se’, como un componente más de la urbanización de los terrenos. Necesita planificación, dinero y una gestión rentable y eficaz posterior. Las lagunas en cualquiera de esas fases se traducen automáticamente en una convivencia ciudadana que no cumple con los mínimos. Como pasa en Ecuador. Pero también en países de la franja más desarrollada del planeta. España, por ejemplo, afronta ahora una multa millonaria y exponencial, a razón de 13 millones de dólares mensuales, por haber ignorado durante 30 años las exigencias europeas sobre depuración de aguas negras en una decena de poblaciones pequeñas.

Para Guayas, sin un avance al 100 % en el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las vergüenzas líquidas en todo el territorio, no se avizoran sanciones. Pero eso no obsta para que los déficits existentes en el sistema deban ser asumidos como pendientes de suma urgencia, tanto en la gran ciudad como en los sectores aledaños y en las localidades menores.

Lo que falta por hacer puede ofertarse como en otros países y ciudades. El agua negra atrae inversión. El laberinto normativo ecuatoriano en el que se perdían los capitales extranjeros que podían llegar con ‘know-how’ en obra y en la gestión sanitaria está por simplificarse si finalmente germina la ley de fomento productivo. Hasta ahora, la inversión se desorientaba al girar en cada esquina legal dada la exclusividad estatal en el manejo de los sectores estratégicos o la lentitud de la burocracia.

Con el nuevo texto, los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán aprobar sus propias alianzas público-privadas, incluyendo en ellas servicios públicos y materia de sectores estratégicos. Deberán salvar farragosos permisos y trámites para acceder a incentivos tributarios, pero, al menos, se ha abierto la llave.